Mil 200 organizaciones colombianas, la Comisión Colombiana de Juristas y la Organización Mundial Contra la Tortura (OICT) denunciaron que en ese país se siguen cometiendo violencia sexual, reclutamiento de niñas y niños, desplazamiento forzado, desapariciones y ejecuciones judiciales, así como tortura, que afectan en particular a mujeres, sus hijas e hijos, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) hicieron la denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y afirmaron que no se han desmantelado las estructuras militares, económicas y sociales de los paramilitares, cuya impunidad es alta por sus persistentes nexos con agentes del Estado y por la intromisión del Poder Ejecutivo en la rama judicial, lo que no garantiza los derechos de las víctimas.
Ante el cúmulo de violaciones sistemáticas, las OSC señalaron que es urgente establecer ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un mecanismo de seguimiento para supervisar de cerca el estado de cumplimiento de las recomendaciones que, de ser implementadas, contribuirían a mejorar la situación de derechos humanos y a la paz en Colombia.
En conclusión, señalan las organizaciones demandantes, tres años después de la adopción de la última decisión sobre Colombia en la Comisión de Derechos Humanos, el debate del Examen Periódico Universal (EPU) ha demostrado que la situación no ha mejorado y sigue siendo muy grave.
Por lo tanto, urge que el Consejo establezca un mecanismo de seguimiento para supervisar de cerca el estado de cumplimiento de las recomendaciones que, de ser implementadas, contribuirían considerablemente a la mejoría de la situación de derechos humanos y a la paz en Colombia.
Esperamos que, a pesar de la actitud desafiante del Gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, al concluir el debate, acusando a los Estados de tener «una valoración de los derechos humanos sin objetividad y con información equivocada», la aceptación de la mayoría de las recomendaciones y los 67 compromisos voluntarios adquiridos se traduzcan de una vez por todas en medidas serias para su efectiva implementación, señalaron.
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