Hace unos días llegó a mis manos un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; es una recomendación de la CNDH a la PGR, basada en la queja formal interpuesta por la amante de un ya conocido narcotraficante quintanarroense. En ella la mujer se presenta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para denunciar que agentes de la AFI estuvieron «acosando» a las afueras de su hogar, que siguieron durante varios días al sujeto en cuestión, y finalmente lo arrestaron y se lo llevaron «a empujones y maltratándole». La quejosa solicita que la CNDH proteja al líder de la banda de narcomenudeo, del maltrato de las autoridades. Es por ello que la Comisión envió una solicitud a la PGR para que presente un reporte sobre las investigaciones y el bienestar del detenido, ya que su amante, y parte del grupo de narcomenudeo de la Riviera del Río Hondo y Chetumal, asegura que su compañero ha sido torturado.
La vigilancia de la CNDH y las presiones que ésta ejerza en su intervención ante la PGR podría coadyuvar, como en otras ocasiones, a que el narcodelincuente salga bajo fianza, antes de que se pueda finalizar la investigación para inculparlo.
Este es un hecho cada vez más recurrente en México: los delincuentes de todos los niveles están actuando por la vía legal para defender sus derechos, y contrario a lo que pensaríamos, muchas de sus demandas proceden. Ante este panorama los líderes de opinión comienzan a discutir la posibilidad de la pena de muerte, la «mano dura» y la cero tolerancia, entendida como la cancelación de los derechos humanos de los delincuentes.
Pero eso no resuelve el problema de violencia en México; por el contrario, lo agrava.
En un contexto de cuerpos policiacos eminentemente ineficaces, violentos y corruptos, México ha hecho de la tortura un recurso común, y a veces la herramienta más usual en las actividades policiales. Durante tiempos del famoso Negro Durazo, la tortura de los supuestos delincuentes era tolerada y consentida por los mandos superiores, en particular aquellos de las fuerzas especiales para combatir el crimen organizado.
La creación, en este sexenio, de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que depende de la PGR, pretendía profesionalizar a los aparatos de prevención e investigación criminal. Los mecanismos creados por el Estado mexicano para controlar a sus AFIs, son sin duda de lo más sólido que México ha visto en materia de policía especializada. Y sin embargo, la PGR y la subdirección encargada de combatir el crimen organizado (SIEDO) demostraron a México que por órdenes superiores desde la Presidencia, un procurador puede detener a un jefe de giras como Nahum Acosta, y en aras de ligarlo con el narcotráfico le torturan sin lograr arrancarle una confesión. Es una pena que el general Macedo de la Concha se niegue a hablar al respecto, él sabe que su honor quedó pulverizado por obedecer una orden con fines políticos, orden que le costó el puesto como Abogado de la Nación. Sin embargo, ni Macedo de la Concha, ni Santiago Creel como responsable de seguridad nacional en Gobernación, ni el propio presidente Fox están exentos de responsabilidad en el debilitamiento, tanto real como aparente exacerbado, de la instancia que debiera protegernos del crimen organizado.
La paradoja es que hasta la aparición de las comisiones de derechos humanos en nuestro país, la tortura, como sustituto de un método de investigación criminalista profesional, era frecuente y sin control, y gracias a la CNDH se ha logrado castigar a policías torturadores; sin duda un acto civilizatorio para México. Y aunque la CNDH tiene mecanismos para definir con la PGR si hay pruebas que condenen a un sujeto investigado por delincuencia organizada, en especial por narcotráfico, a pesar de ello seguirá defendiendo los derechos humanos de ellos, incluso en prisión. En nuestro país millones de personas enojadas, con sed de venganza contra asesinos, violadores, pederastas y traficantes, no están dispuestas a darles el beneficio del bienestar físico; les desean sufrimiento y muerte. Cientos de policías comparten esta visión del ojo por ojo, vida por vida; visión que en un país como el nuestro, dejaría miles de personas tuertas y muertas.
Adjunto a este fenómeno no existen mecanismos internos eficaces para controlar la violencia que algunos policías, judiciales y ministerios múblicos ejercen «como derecho propio» contra las personas detenidas. O de funcionarios públicos de la Procuraduría de Justicia como Leidy Campos Vera, quien al fabricar unos delitos, debilita o pone en juego el juicio de otros que sí son reales y cuentan con pruebas contundentes.
Las autoridades no pueden ni deben seguir utilizando la tortura y la «inducción forzada» de pruebas como sustituto de una investigación adecuada; porque cada vez que lo hacen fortalecen a un delincuente, que sonriente y más fuerte que nunca saldrá libre sin pagar por su delito, no por haber probado su inocencia, sino porque los policías y las procuradurías de justicia demostraron fehacientemente su corrupción, ineficacia y falta de capacidad para proteger a la ciudadanía. Por eso, con el uso de la violencia todo México pierde. ¿Usted que opina?.
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