(CIMAC/Cerigua).- En un periodo de seis años las autoridades registraron cerca de 14 mil denuncias sobre violencia sexual contra mujeres; sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) atendió sólo 50 casos de violación, por lo que las organizaciones sociales destacan la importancia de implementar el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual para combatir el subregistro.
De acuerdo con la publicación «Repudiemos la Violencia Sexual contra las Mujeres», del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), elaborada por la Agencia Cerigua, en los últimos seis años se reportaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) 13 mil 895 casos de violación o abusos sexuales contra mujeres, niñas y adultas mayores, en tanto que los centros de salud y hospitales nacionales contabilizaron sólo 50.
En Izabal se atendió a ocho sobrevivientes de la violencia sexual en el mismo periodo; sin embargo, desde que la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas (AGMM) imparte capacitaciones especializadas al personal de los nosocomios y clínicas comunitarias, se descubrieron 22 en los primeros siete meses de 2008.
Las actividades forman parte de una estrategia para dar a conocer e implementar adecuadamente el Protocolo de Atención de Víctimas de Violencia Sexual, que la AGMM pone en marcha con la ayuda del UNFPA en 49 hospitales ubicados en Petén, Zacapa, Chiquimula, Chimaltenango e Izabal.
La violencia en sus diversas formas, desde la intimidación hasta la violación, restringe la capacidad de las mujeres de desplazarse en las calles, reduce su libertad para buscar trabajo y acceder a los servicios de salud integrales, destaca el Estado de Población Mundial 2007, elaborado por el Fondo de Población.
Los altos niveles de violencia física y sexual se traducen en el aumento de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, y complicaciones durante los embarazos, señala el documento internacional.
Es posible que las mujeres corran mayor riesgo de violencia por motivos de género en las zonas urbanas, debido a la erosión de las normas culturales que rigen las relaciones entre los sexos y la casi nula probabilidad de que intervengan los vecinos, concluye el informe del UNFPA.
09/LG/GG
