El pasado 1 de abril fue aprobada en el Congreso Nacional de Tegucigalpa, Honduras, una ley que prohíbe la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), presentada por las diputadas Nelly Jeréz y Martha Lorena Alvarado, del Partido Nacional y del Partido Liberal, respectivamente.
Diversas organizaciones de mujeres en Honduras, como el Centro de Derechos de Mujeres, el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia, y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas se han pronunciado en contra de esta iniciativa.
Consideran que la legislación que prohíbe el acceso a las PAE, fue hecha con «absoluta ignorancia de la evidencia científica, o con una manipulación maliciosa para que las ideas fundamentalistas de algunos diputados fueran la regla a seguir por toda la sociedad hondureña».
El Movimiento Feminista Hondureño también se pronunció en contra y dijo que «el Congreso Nacional en esta oportunidad legisló siguiendo los caprichos de un pensamiento reducido, deformado y encarnado en el pecado, lo malo y lo sucio», además criticó a las fundamentalistas religiosas que creen que Dios les permite ordenar la vida de otras mujeres.
Esta ley es contraria a diferentes convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, e incluso contraria a la Constitución de Honduras en sus artículos 76, 77, 111 y 145.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Píldoras de Anticoncepción de Emergencia (PAE) no son abortivas, pues «no descolocan un embrión ya implantado, y no pueden poner término a un embarazo ya establecido». La OMS afirma que la anticoncepción oral de emergencia no es eficaz una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provoca un aborto.
Sin embargo esta información no fue tomada en cuenta para la redacción de la iniciativa que establece en su artículo tercero que «A quien contravenga las disposiciones del presente Decreto, se le aplicarán las penas establecidas para el delito de aborto conforme a lo estipulado en el Código Penal».
ALARMANTE AUMENTO DE ABUSOS
Esta iniciativa es un golpe bajo al avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este país, y principalmente de las mujeres y niñas que han sido abusadas sexualmente, sobre todo en un país cuyos índices de violencia sexual contra las mujeres, niñas y niños es elevado. Se estima que en Honduras se cometen 203 abusos y violaciones por cada 100 mil mujeres, señalan las organizaciones.
Además, de acuerdo con la representante de la Fiscalía de la Niñez en Honduras, Nora Urbina, los abusos sexuales en contra de menores de edad aumentaron de forma alarmante en el 2008. Dijo que de acuerdo con Casa Alianza y la alcaldía de Tegucigalpa, hay en Honduras aproximadamente 10 mil niñas y niños víctimas de explotadores sexuales.
De acuerdo con datos de la Encuesta de Epidemiología y Salud Familiar, el 15 por ciento de las mujeres hondureñas mayores de 14 años informó haber sido por lo menos una vez, maltratada físicamente, y de éste porcentaje, un 4.9 por ciento afirmaron haber sido abusadas sexualmente antes de los 12 años.
09/AGM/GG
