Inicio En la impunidad, violaciones y acoso sexual en Ejército de EU

En la impunidad, violaciones y acoso sexual en Ejército de EU

Por Mercedes Gallego

Después de violarla, su atacante le dijo que había sido divertido y que deberían repetirlo. Le tiró la ropa encima y le ordenó que se duchase.
 
Virginia Missick, una joven recluta de la Fuerza Aérea, que entonces tenía 19 años, no lo denunció. “¿Cómo iba a hacerlo si la persona ante la que tenía que denunciar es la misma que me violó?”, explicó recientemente.
 
Una de cada tres mujeres que ingresan en las Fuerzas Armadas estadounidenses es víctima de abusos sexuales, pero el 47 por ciento dice tener miedo a denunciarlo.
 
Apenas el 1 por ciento de los casos denunciados llega a juicio. Y todavía, los pocos, poquísimos, que acaban en condena pueden ser desestimados por el general a cargo.
 
Como el caso del lugarteniente coronel James Wilkerson, cuya condena de un año de prisión fue anulada en febrero por el comandante al mando, quien ni siquiera presenció el juicio militar.
 
Esa fue la gota que colmó el vaso para la senadora Claire McCaskill, una de las cuatro que han hecho posible la primera audiencia sobre este tema que se celebra en el Senado en casi una década.
 
Para asegurarse de que los mandos militares convocados a testificar tuvieran que oír a las víctimas, McCaskill planeó que testificaran después de ellas.
 
La última vez que tuvieron que declarar en la Cámara baja abandonaron la sala antes de que las víctimas pudieran contar sus casos.
 
Esta vez tuvieron que escuchar a la ex sargento Rebekah Havrilla, acosada sexualmente por el líder de su unidad durante el año que pasó en Afganistán, y violada por otro militar una semana antes de volver a casa.
 
“No lo denuncié porque no confiaba en la cadena de mando”, declaró. “Mi primer sargento ya había sido acusado de acoso sexual y el clima de la unidad era extremadamente sexista y hostil hacia las mujeres”.
 
Tanto, que su violador tomó fotos y las colgó en internet, como descubrió seis meses después, cuando ya fuera del Ejército luchaba contra la depresión y el estrés postraumático de la misión militar.
 
Havrilla, experta en artefactos explosivos, pasó la mayor parte de su destino en las provincias orientales de Afganistán, asignada a unidades de inteligencia y desactivación de explosivos, pero nada de esto le causó tanto estrés como el clima de acoso y abuso sexual.
 
“Sufrí tanta ansiedad que acabé automedicándome para poder lidiar no sólo con el estrés de mi destino sino con el de vivir bajo el mando de líderes y compañeros abusivos”, apuntó.
 
TRIBUNALES CIVILES
 
El caso de Aviano, por el que resultó condenado el coronel Wilkerson, no es ni mucho menos el más indignante, pero sí el que ha desatado la acción en el Senado.
 
La mujer que lo denunció no era soldado, sino que estaba asignada a un médico militar. Aquella noche se quedó en casa del coronel por invitación de éste y su esposa, después de que una reunión social acabara de madrugada, sin medios para volver a la base.
 
En el cuarto de invitados se despertó con la mano del coronel en su vagina. Inmediatamente se encendió la luz y apareció su esposa, quien le ordenó que se marchara, descalza y de madrugada.
 
“Supe que no podría vivir conmigo misma si no lo denunciaba”, contó el pasado domingo a NBC Kimberly Hanks, de 49 años. A pesar de que la esposa del coronel negó haberla encontrado en la cama con su marido, y de la ausencia de pruebas físicas, el fiscal militar que la interrogó durante horas dijo que era una de las testigos más creíbles que había conocido.
 
Fue el general de tres estrellas Craig Franklyn, comandante en Alemania de las fuerzas aéreas estadounidenses destacadas en Europa, el que decidió anular la sentencia en contra del consejo legal de sus asesores.
 
El jefe del Pentágono, Chuck Hagel, lo ha lamentado, pero dice no poder hacer nada contra esa prerrogativa militar. Si triunfa la propuesta de ley presentada por las senadoras los generales la perderán, aunque ni Hanks, ni el resto de las mujeres que declararon, tendrán justicia.
 
Lo que ellas quieren va todavía más lejos: abrir las puertas de los tribunales civiles a las mujeres violadas en las Fuerzas Armadas.
 
“La justicia militar no funciona”, sentenció Havrilla. Y sin justicia, admitió la senadora Kristen Gillibrand, que presidió las audiencias, “los abusos sexuales seguirán comprometiendo la capacidad moral y militar de nuestro Ejército”.
 
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