En una jornada de arduo activismo, incluso más allá de las fronteras de Nicaragua, las mujeres de este país centroamericano reclamaron las severas violaciones a sus Derechos Humanos (DH) por parte de las autoridades.
En esta capital, unas 500 mujeres de 10 organizaciones de los departamentos de Managua, Matagalpa, Estelí, León, Masaya, Nueva Segovia y Rivas, marcharon en dirección al Parlamento, para exigir la despenalización del aborto terapéutico, derecho anulado en la legislación desde hace cinco años.
Mientras, en Washington, organizaciones civiles y de defensa de los DH denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA)– las agresiones sexuales, la violencia y la falta de acceso a la justicia que sufren las mujeres en Nicaragua.
MOVILIZACIÓN
Grupos de mujeres declararon el 26 de octubre como «día de luto por el derecho a decidir», al cumplirse cinco años de la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua.
Con velos negros que les cubrían el rostro en señal de duelo, las mujeres marcharon por el centro de esta capital y portaron mantas que decían «La decisión de abortar es un derecho de las mujeres. ¿Por qué los hombres deciden por nosotras?», o «Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo».
Magali Quintana, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo a Cimacnoticias que ninguno de los cinco candidatos que se disputan la Presidencia de cara a los comicios del próximo 6 de noviembre reivindica el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad. «Parece que no existimos», denunció.
La activista explicó que en Nicaragua unas 100 mujeres pierden la vida por complicaciones en el parto o embarazo, y que 30 de ellas podrían salvarse si se permitiera el aborto terapéutico.
Ana María Pizarro, de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, pidió a los diputados respeto por las mujeres, les exigió que dejen de actuar como feligreses y que asuman su rol como funcionarios de un Estado laico, tal y como lo establece la Constitución de Nicaragua.
Frente al Parlamento, las mujeres leyeron un manifiesto en el que denunciaron que en Nicaragua prevalece el irrespeto a la Constitución, al Estado de Derecho, y se impone un «Estado confesional».
Las manifestantes expusieron que ningún candidato presidencial propone políticas públicas para una educación sexual científica, prevenir embarazos no planeados, o programas para erradicar la violencia, agresiones sexuales, ni el feminicidio. Los aspirantes tampoco garantizan la participación de las mujeres en las instancias de decisión, abundaron.
Entre las organizaciones que participaron en la protesta se encuentran la Asociación de Mujeres Axcayalt, el Fondo Centroamericano de Mujeres, y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
RECLAMO ANTE LA CIDH
En la audiencia ante la CIDH, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), acompañado por organizaciones internacionales como Women’s Link World Wide y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentó dos casos documentados sobre violaciones a niñas y adolescentes, así como la resolución de la Corte Suprema de Justicia en el caso conocido como Fátima Hernández.
Integrantes del MAM expusieron que las niñas y mujeres nicaragüenses se encuentran en riesgo e indefensión frente a un Estado «que no garantiza sus derechos y que permite la impunidad de algunos de los perpetradores de violencia sexual».
En un comunicado, Cejil refirió que según cifras del Instituto de Medicina Legal en 2010 ocurrieron en promedio 13 violaciones sexuales de mujeres y niñas al día, es decir un caso cada dos horas.
Abundó que el 84 por ciento de las mujeres agredidas eran menores de edad y una de cada tres era menor de 10 años. Para el mismo año, los medios de comunicación reportaron 15 menores embarazadas, producto de una violación.
«Ello resulta preocupante en un país donde no existe opción para interrumpir el embarazo, ni siquiera por el riesgo a la salud y la vida de las niñas», dijo Cejil.
Uno de los casos expuestos ante la CIDH es el de 13 niños y niñas de entre 9 y 16 años que sufrieron abuso sexual, por parte de militares en la comunidad indígena de Monkey Point, en la Región Autónoma del Atlántico Sur en el Caribe nicaragüense.
Las organizaciones advirtieron que el hecho se denunció este año, pero los abusos presuntamente se venían cometiendo desde 2003. Hasta la fecha ningún militar ha sido sancionado por estos hechos.
El otro caso es el de la sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia por la violación sexual de la joven Fátima Hernández, en la que se resolvió rebajar la pena del agresor y se ordenó su libertad al considerar que la víctima «colaboró» y que el perpetrador actuó bajo los efectos de la cerveza.
Las activistas subrayaron que la impunidad en este caso y la humillación que sufrió la víctima disuaden a otras mujeres a denunciar actos de violencia sexual.
Solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua para que despenalice el aborto terapéutico, y lo garantice como un derecho para las víctimas de violencia sexual a fin de permitir que las niñas y mujeres decidan si continúan o no con un embarazo producto de violación.
Las organizaciones también solicitaron a la CIDH que impulse ante el Estado la aprobación expedita de la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, y la generación de mecanismos para su implementación.
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