En mayor peligro las defensoras de DH en Chihuahua

Siempre empeñadas en apoyar luchas sociales, en denunciar el feminicidio, aclarar las desapariciones de mujeres, y empujar por el derecho a la verdad de las víctimas, las defensoras de Derechos Humanos (DH) en el estado de Chihuahua poco a poco se han convertido en blanco de campañas de difamación que buscan acallar sus voces.  
 
Para las activistas, la difamación es un alerta porque la experiencia les ha dicho que los comentarios difamatorios pueden escalar a amenazas y después a una agresión mayor como el homicidio.
 
Así le ocurrió a Marisela Escobedo Ortiz, mujer que buscó justicia para su hija víctima de feminicidio y le costó la vida el 16 de diciembre de 2010; o a Manuela Martha Solís, integrante de El Barzón, asesinada el 22 de octubre de 2012.
 
Hoy las defensoras se han convertido en víctimas y por eso este lunes 7 de marzo, 24 redes y organizaciones civiles del norte del país solicitaron a Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), activar la llamada Alerta Temprana, mecanismo de prevención estipulado en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
 
Tal alerta contempla acciones para evitar actos de violencia contra activistas y periodistas que por su labor están riesgo.
 
Por ejemplo, Norma Andrade, presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue agredida con arma de fuego en Ciudad Juárez el 2 de diciembre de 2011, lo que la hizo exiliarse a la capital del país, donde el 3 de febrero de 2012 fue atacada con una navaja. 
 
En este contexto de agresiones, grupos como el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y el Círculo de Estudios de Género pidieron a la Segob, a través de su Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, implementar medidas preventivas.
 
La solicitud se hizo considerando que Chihuahua concentra el 30 por ciento de todas las medidas de protección para personas defensoras en el país, y que es el segundo estado, sólo después de Veracruz, con el mayor número de periodistas asesinados, según afirmó Alejandra Nuño, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm).
 
El problema, desde su punto de vista, es que las medidas de protección, que van desde cámaras de seguridad, teléfonos celulares, “botones de pánico” y guardaespaldas, no siempre han servido para asegurar la vida de las personas beneficiarias y permitir que hagan su labor de manera libre de cualquier amenaza, desplazamiento o preocupación.  
 
Por ejemplo en octubre de 2012, Luz Estela Castro, directora del Cedehm, fue criminalizada por su labor por parte del secretario de Gobierno chihuahuense, Raymundo Romero, y en abril de 2013 sufrió daño a su propiedad. Las intimidaciones continúan a pesar de tener medidas de seguridad. 
 
Es por eso que las organizaciones civiles no quieren que se repitan casos como el de Josefina Reyes Salazar, fundadora del Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez, quién pugnó por justicia para su hijo y debido a ese activismo también fue asesinada el 3 de enero de 2010.
 
En su solicitud, las agrupaciones exponen que en los últimos meses las personas defensoras de DH, junto con las víctimas y las comunidades que representan o acompañan, han logrado importantes sentencias a su favor, cuestión que supone un aumento del riesgo pues los actores involucrados se resisten a acatar las resoluciones judiciales.
 
Son los casos de Estela Ángeles Mondragón y varios integrantes del Ejido Baqueachi, que ganaron un juicio por despojo de tierra; el de Consultoría Técnica Comunitaria, que obtuvo un amparo a favor de la comunidad indígena huitosachi; el equipo de Alianza Sierra Madre, que tuvo una resolución a favor de una comunidad ejidal, y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que ha denunciado casos de tortura.
 
No es nuevo que las activistas, muchas veces mujeres de reconocida trayectoria que denuncian el feminicidio, la tortura y las desapariciones de mujeres, y que han sido críticas de las autoridades, sean el blanco de las campañas de difamación en las que se les acusa de “lucrar con las víctimas” o de “defender a delincuentes”.
 
Aunado a ello, las organizaciones también informaron sobre una publicación del portal La Opción de Chihuahua, sobre la periodista Patricia Mayorga, corresponsal del semanario Proceso, a quien se acusó de estar “envuelta en líos judiciales”.
 
En la entidad norteña hay una preocupación por la impunidad, aseguró Alejandra Nuño, y explicó que esta es una característica que se refleja en el aumento de crímenes sin resolver, ya que de 2009 a la fecha las organizaciones civiles han documentado 19 asesinatos de personas defensoras de DH y ninguna sentencia contra los agresores.
 
En el mismo estado hay más de 80 personas defensoras y colectivos con medidas de protección de mecanismos nacionales o internacionales, y la entidad tiene el mayor número de medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde 2008 ha emitido 47 medidas en México, de las cuales 20 se refieren a activistas y de éstas, 30 por ciento corresponde a Chihuahua.
 
Para evitar que se violente a periodistas o personas defensoras, el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Protección señala que las medidas de prevención deben reducir los factores de riesgo, combatir las causas y generar garantías de no repetición, por eso  propone capacitación a funcionarios y difundir declaraciones de estos servidores sobre la importancia de periodistas y activistas. 
 
Las organizaciones esperan que el Mecanismo de Protección analice su solicitud en una próxima reunión y dé una respuesta favorable, porque ello significaría activar las acciones preventivas y posicionar la importancia del trabajo que realizan las personas defensoras de DH, en particular en Chihuahua, estado tristemente célebre a nivel internacional por el feminicidio y la falta de justicia para las mujeres.
 
16/AGM/RMB