En los procesos judiciales que se llevan a cabo en México, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prevalece la desventaja para el imputado, la discrecionalidad de autoridades, alta dosis de impunidad y el incumplimiento a la reparación del daño, pues el Estado no contempla ninguna partida presupuestaria para realizarla.
Todas estas circunstancias contravienen el derecho al debido proceso, es decir el derecho que tiene toda persona a garantías mínimas que aseguren un resultado justo y equitativo dentro de un proceso jurídico.
Pero no se cumple en la mayoría de las entidades de la República, afirmó hoy Amerigo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, durante la presentación del Barómetro Local: una silueta del debido proceso penal en Chiapas, Distrito Federal, Durango, Morelos y Nuevo León, donde se muestran los resultados obtenidos durante el análisis de procesos legales en un período de ocho meses en las citadas entidades.
Aunque el debido proceso es un derecho constitucional, descrito en el Artículo 20 de la Carta Magna como los derechos de la víctima, sujeta a detención arbitraria, se sigue vulnerando su derecho a la reparación del daño, dejándola así en un papel secundario dentro del proceso penal.
Por eso, explica Miguel Sarre, coordinador del proyecto Barómetro Local, el debido proceso incluye todos los instrumentos que permiten que no se den casos como el ocurrido en Puebla con la periodista Lydia Cacho.
Aunque el estudio presentado solo proporciona una silueta del debido proceso penal en los estados mencionados, fue posible evidenciar al menos tres problemas del proceso penal.
«La situación de desventaja y debilidad en la que se encuentra el imputado, el margen de discrecionalidad con el que pueden actuar las autoridades encargadas de la procuración de justicia, que en algunas ocasiones se traduce en un alta dosis de impunidad; y el incumplimiento generalizado del derecho de la víctima a reparaciones del daño», señaló Incalcaterra.
Y enfatiza que en ninguna de las entidades existe una partida presupuestaria dirigida a garantizar la reparación del daño de manera subsidiaria por parte del Estado. Sólo en el caso de Durango, Distrito Federal y Nuevo León existen organismos que brindan apoyo no pecuniario a las víctimas de delito.
Por su parte Sarre indicó que «está muy claro que los presupuestos asignados a la Procuraduría son infinitamente más amplios que los asignados a la reparación de daño a la víctima, lo que deja ver que el sistema opera más para el servicio del Estado que para el servicio de las víctimas.»
Asimismo, en la mayoría de las entidades analizadas aún prevalece un modelo inquisitorio en el que las y los inculpados se encuentran en situación de desventajas para plantear una defensa adecuada, consideró Incalcatarra.
Existe, también, poca claridad en el proceso de detención de las personas, no se cuenta tampoco con controles y medidas administrativas que eviten el abuso por parte de las autoridades responsables, además de que sigue utilizando con frecuencia la confesión perjudicial como medio de prueba para acreditar la existencia del cuerpo del delito.
Según el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en México existen 3 obstáculos para la plena realización de los derechos humanos: la pobreza, la impunidad y la falta de garantía a la seguridad pública, por lo que la ONU, además de considerarlas como prioridades, espera ver resultados concretos en las acciones dirigidas a erradicarlas durante el sexenio de Felipe Calderón.
Para llevar a cabo el Barómetro Local, se eligieron los cinco estados anteriormente mencionados, tomando en consideración el índice de desarrollo humano por género del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Se tomaron así, las dos entidades con más alto desarrollo en el país: el DF y Nuevo León, las dos con desarrollo medio: Morelos y Durango y las dos con más bajo desarrollo: Chiapas y Oaxaca. En este último no fue posible terminar el estudio debido al conflicto que vivió durante el 2006, de acuerdo con Sarre.
En la presentación del Barómetro estuvieron presentes, además de Amerigo Incalcaterra y Miguel Sarre, Oliverio Reza Cuéllar, secretario general del Gobierno del estado de Durango, y Paul Hoeffer, director del Centro de Información de las Naciones Unidas en México.
07/HVR/GG/CV
