En Nicaragua prevalece la discriminación contra las niñas y mujeres, lo que impide que tengan una vida plena y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos desde la autonomía y la libertad, afirmaron organizaciones de mujeres del país.
Con motivo de la conmemoración del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe; Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, y la Red de Mujeres Contra la Violencia, afirmaron que continúa siendo un «anhelo» que los derechos humanos (DH) de las mujeres del país sean respetados.
Las pobres y jóvenes son las más vulnerables, el cruce de discriminación, violencia y exclusión, las aleja cada día más del goce de sus DH, especialmente de su derecho a la vida, a la salud integral y a los derechos sexuales y reproductivos.
Las organizaciones denunciaron que en Nicaragua se ha cerrado por completo el acceso a la información pública, por lo que se desconoce cuántas mujeres mueren por no tener acceso a los servicios de salud.
«Existe prohibición en las instituciones del Estado para brindar las estadísticas nacionales, no se conoce cuál es la real situación de la salud integral de las mujeres, la mortalidad materna, el cáncer ginecológico o el VIH/Sida, lo que socava los esfuerzos y el trabajo desarrollado hasta hoy por las organizaciones de mujeres».
A lo anterior se suma que el modelo político y económico (neoliberal) del país sigue deteriorando profundamente las instituciones nacionales y el papel del Estado, mientras los fundamentalismos religiosos incrementan su intervencionismo en las políticas publicas, dicen las organizaciones.
Recordaron que en 2006, Nicaragua fue el quinto país de la región latinoamericana «donde las componendas de los políticos con los jerarcas religiosos» impusieron la derogación del aborto terapéutico, eliminando una posibilidad de salvar la vida de las mujeres ante las complicaciones de la gestación.
Desde 2008 cuando se promulgó el nuevo Código Penal que elimina el aborto terapéutico, 79 mujeres han sido denunciadas y perseguidas por casos de aborto, mientras que las que llegan a los servicios públicos de salud buscando atención por complicaciones de abortos inseguros reciben un trato inhumano y degradante.
Las muertes a causa del aborto y de complicaciones del embarazo, parto y puerperio continúan representando uno de los indicadores más dramáticos de inequidad, en tanto afectan abrumadoramente a las mujeres más pobres, dice el pronunciamiento.
«Las mujeres como sujetas de derecho no gozan de las condiciones necesarias para lograr la salud integral a lo largo de todo su ciclo vital ya que este derecho no está garantizado plenamente a lo que se suma la falta de un compromiso gubernamental a través de las instituciones».
En contraste, dicen las feministas, en el país prevalecen las diversas formas de violencia contra las mujeres, mismas que se incrementan cada día mientras el silencio y la impunidad permanecen al amparo de la complacencia de las instituciones oficiales.
Ante ello las organizaciones exigieron acceso universal en todas las etapas de la vida de las mujeres, a la información y servicios de atención integral de la salud, gratuitos o de bajo costo y de óptima calidad, para gozar de una salud integral y de bienestar, incluido el embarazo y parto y en todos los otros momentos de la vida sexual y reproductiva.
Así como el derecho a decidir cuándo y cuántos hijos e hijas quieren tener, o bien a no tenerlos, el derecho a estar bien informadas para regular la fecundidad con métodos eficaces, seguros y accesibles, el derecho a la protección de infecciones de transmisión sexual incluido el VIH/Sida, en especial cuando se trata de mujeres adolescentes y niñas.
11/GTR/LGL
