En la práctica, ningún país del mundo ha logrado la completa igualdad de género, revela el más reciente balance del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), por sus siglas en inglés.
Durante el diplomado «Equidad de Género en Políticas Públicas, desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Lucha Contra la Violencia», la investigadora Isabel Torres, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos dijo que la aplicación de los principios de la Convención sigue siendo inconsistente con los compromisos asumidos por los Estados.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, sostuvo que los principales desafíos de género son la igualdad legal y la igualdad de remuneración.
En América Latina, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 40 por ciento e incluso en países de Europa que cuentan con un mayor desarrollo respecto de nuestro continente, la diferencia alcanza el 15 por ciento.
Indicó que otra problemática se refiere al respeto a los derechos reproductivos, ya que existen dificultades en el acceso a la información de los métodos de planificación familiar para que los sistemas y los servicios de salud provean esas técnicas y para que las mujeres puedan decidir el número de hijos que desean y el espaciamiento entre ellos.
En el balance se mencionan como los principales obstáculos para erradicar la desigualdad y discriminación de género a los sistemas legales de cada país, múltiples costumbres, prácticas religiosas que gobiernan el status personal y la vida privada de las mujeres que, además, prevalecen sobre la Constitución, normatividad de mayor jerarquía en los Estados.
Advirtió que, a pesar de la existencia de diversos organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos, ellas siguen siendo objeto de discriminación.
Se violan los principios de igualdad de derechos y se dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural.
La investigadora se pronunció por erradicar los prejuicios que impiden la adecuada aplicación de la Ley, así como la construcción de una cultura institucional que elimine la discriminación y desigualdad de género.
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