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En rebeldía indígenas bolivianas ante restricción al aborto

Por Helen Álvarez Virreira
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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en un fallo divulgado el pasado 13 de febrero, rechazó la despenalización del aborto en Bolivia y, ante ello, mujeres de diferentes sectores anunciaron que seguirán en la lucha hasta lograr que cada una pueda decidir sobre su cuerpo.
 
En tanto, organizaciones civiles proponen la complicidad entre mujeres para socializar la información que permita acceder a un aborto aunque en condiciones inseguras.
 
En criterio de las entrevistadas, la decisión del TCP logró lo que no pudieron conseguir los sectores conservadores durante la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional: incorporar en la Carta Magna “el derecho a la vida desde la concepción”.
 
El fallo del TCP, en su parte concluyente, dice: “Un aborto incondicional y en todas las etapas de desarrollo del embrión no es constitucionalmente admisible y que el generar una política de protección constitucional al derecho a la vida del embrión implantado es una causa suficiente para que el Órgano Legislativo pueda utilizar todo tipo de políticas públicas necesarias para su protección lo que alcanza de manera obligatoria al derecho penal en las fases más avanzadas del desarrollo del embrión”.
 
El fallo del TCP es la respuesta a una demanda de inconstitucionalidad planteada en marzo de 2013 por la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Patricia Mancilla, contra 13 artículos del Código Penal boliviano.
 
Esta medida abrió la puerta para lograr la despenalización del aborto, lo que generó una gran polémica y el alineamiento de los sectores conservadores, tanto del oficialismo como de la oposición al actual gobierno, así como de las iglesias.
 
La arquiriapu mama t’alla del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Nilda Rojas Huanca, lamentó la decisión del tribunal, a la que calificó como desatinada.
 
“Es un error, porque ellos no son quienes para decidir sobre el cuerpo de las mujeres”.

Como indígena originaria del norte del departamento de Potosí y también como segunda autoridad de la organización que aglutina a los pueblos indígenas de tierras altas de Bolivia, explicó que en su región hay mujeres que tienen incluso 15 hijos, lo que para ella es inadmisible.
 
“Nosotras no somos fábrica de hijos, tendrían que respetar nuestro cuerpo, pero las leyes no nos amparan como mujeres y deberíamos hacernos respetar”, advirtió.
 
Zulema Quispe, integrante del movimiento feminista y coautora del cuaderno de trabajo “Ni el útero abierto ni la boca cerrada, el aborto y su despenalización, respuestas”, publicado en diciembre de 2013, consideró que el machismo se ha impuesto en esta decisión, ya que fueron los cuatro hombres del TCP quienes se han opuesto a una medida que puede salvar la vida de miles de mujeres, en especial de las más pobres.
 
Dos de las otras tres magistradas del tribunal apoyaron la despenalización y una sugirió que el asunto sea tratado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
 
En su criterio, el fallo es un “retroceso tremendo” para las mujeres, porque incorpora el derecho a la vida desde la concepción. “Un cigoto tiene más derechos y más valor que la vida de las mujeres. Nosotras quedamos sin soberanía de nuestros cuerpos; hemos terminado presas de unos cuantos hombres que deciden por nosotras”.
 
INTERESES ELECTORALES
 
Violeta Tamayo, quien forma parte de una red de mujeres jóvenes de diferentes corrientes ideológicas –entre troskistas, anarquistas y otras–, sostuvo que el fallo era predecible por tratarse de un año electoral, en el que Evo Morales, actual presidente de Bolivia, competirá por una tercera reelección.
 
Argumentó que “el gobierno está tratando de no entrar en ningún debate, para que la estructura conservadora del Estado se mantenga y no sea cuestionada, porque le interesan los votos de la gente religiosa, conservadora, clase media y en general prefiere mantener el prejuicio contra el aborto”.
 
Según cálculos de diferentes organizaciones, sobre la base de mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones posteriores al aborto, en Bolivia se realizan entre 40 mil y 50 mil abortos al año. Pero la cifra no es oficial, ya que en muchos casos las hemorragias ocasionadas por un aborto son registradas como complicación en el embarazo.
 
Lo que sí es oficial es que el aborto es la tercera causa de muerte de mujeres gestantes, con 9.1 por ciento del total de decesos, según la Encuesta Postcensal de Mortalidad Materna del año 2000.
 
ABORTO POR VIOLACIÓN
 
El fallo, por otra parte, atendiendo la recomendación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), eliminó el requisito de contar con una “autorización judicial previa” para solicitar un aborto cuando el embarazo sea el resultado de una violación.
 
El Código Penal, que data de 1972, contempla el “aborto impune” en dos casos: violación y peligro para la vida o salud de la madre; pero para ello es necesario que la justicia lo autorice, lo que ha sido prácticamente imposible en los 42 años de vigencia de la norma.
 
Ahora en cambio “será suficiente que la mujer que acuda a un centro público o privado de salud a efecto de practicarse un aborto –por ser la gestación producto de la comisión de un delito–, comunique esa situación a la autoridad competente y de ese modo el médico profesional que realizará el aborto tendrá constancia expresa que justificará la realización del aborto”, señala el fallo.
 
Para Quispe, la eliminación del requisito de orden judicial para abortos en caso de violación es una “trampa”, porque la mayoría de las mujeres no denuncia este delito, ya que eso significa enfrentar a la Policía, una de las instituciones más machistas de la sociedad y “esperar que te crea”.
 
Pero, además, aunque el fallo no lo especifica, integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional han interpretado que es necesaria una norma para la aplicación del aborto en casos de violación. Así, oficialistas como la diputada Betty Tejada, y opositores como la legisladora Elizabeth Reyes, han manifestado su voluntad de trabajar en ello.
 
“NO ESTAMOS DESMORALIZADAS”
 
Para la uruguaya Mary Martínez, maestra de primaria e integrante del grupo “Magdalenas”, que participó en el tercer encuentro latinoamericano del Teatro del Oprimido en la ciudad de La Paz, la despenalización del aborto en su país, hasta las 12 semanas, “es un gran comienzo y eso tendría que dar impulso a los demás gobiernos”.
 
Pero también consideró que es fundamental la organización de las mujeres en redes, así como la lucha para incorporar la educación sexual en el currículo escolar.
 
Tamayo no está desmoralizada y el fallo más bien le ha dado bríos para seguir en la lucha por la despenalización del aborto y en contra de todas las opresiones sobre las mujeres, incluida la maternidad obligatoria. “Una mujer tiene que tener derecho a decidir si quiere ser madre o no, al margen de si haya sido violación o no”.
 
Como autoridad del Conamaq, Rojas planteará el tema en su organización porque cree que los hombres también deberían entrar al debate; pero la decisión –dijo– debería ser de las mujeres, a pesar del machismo que impera en los pueblos indígenas.
 
“No se puede tapar el sol con un dedo”, aseguró, porque a pesar de que la ley sanciona el aborto con cárcel y en las áreas rurales con la expulsión de las comunidades, las mujeres siguen y seguirán interrumpiendo los embarazos no deseados e incluso recurriendo al infanticidio.
 
Por su parte, Quispe, al igual que las otras entrevistadas, reivindicó la capacidad de organización de las mujeres y plantea la irreverencia ante el fallo y la complicidad, no solo para dar apoyo moral a quienes enfrenten un embarazo no deseado, sino también para acompañar y socializar la información sobre las maneras más seguras de abortar, en un contexto que penaliza esta práctica.
 
Explicó que el cuaderno de trabajo “Ni el útero abierto ni la boca cerrada” es una guía para las mujeres que quieren abortar, pero también es un cuestionamiento a la sociedad en su conjunto, a partir de la reflexión sobre la culpa y sobre la ecuación machista de que mujer es igual a madre, porque “la maternidad es una decisión y no una imposición”, sostuvo.
 
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