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En riesgo derechos sexuales y reproductivos de guatemaltecas

Por Guadalupe Cruz Jaimes

A pesar de que en Guatemala el aborto es legal cuando el embarazo pone en riesgo la vida de las mujeres, en los hechos la mayoría de las guatemaltecas que interrumpe la gestación lo hace en condiciones inseguras, pues desconocen la ley y temen la “sanción moral” por parte del personal de salud.

En entrevista con Cimacnoticias Ixmucané Solórzano, de la Organización de Mujeres Tierra Viva, con sede en Guatemala, informó que en esa nación cada año se practican 65 mil abortos, de los cuales 22 mil requieren atención médica de urgencia, ya que muchos de ellos se practican de forma insegura.

En el país centroamericano “no se habla del aborto, es un tema tabú, muy penalizado moralmente, aunque en las leyes el aborto no sea punible”, cuando se trate de salvaguardar la vida de las guatemaltecas.

Cuando las mujeres llegan a los centros de salud con un diagnóstico médico que indica que el embarazo pone en riesgo su vida, el personal está obligado a brindar la atención. Sin embargo, la mayoría desconoce la ley y teme la sanción moral, “no hay detenidas por aborto, pero hay discriminación en los centros de salud, que también representa una violación a sus derechos humanos”, enfatizó Solórzano.

Las guatemaltecas que no llegan a los centros de salud públicos y tienen recursos suficientes para costear una clínica particular interrumpen un embarazo de forma segura, pero quienes son pobres recurren a servicios inseguros.

A decir de Ixmucané Solórzano, el aborto es un problema que refleja la “injusticia social”, pues “las que mueren son las mujeres pobres, indígenas, campesinas”, se trata entonces de una violación a sus derechos reproductivos.

Dicha transgresión comienza con la falta de educación sexual y de acceso a métodos anticonceptivos, que afecta casi dos veces más a las mujeres indígenas que a las mestizas, mientras para las primeras la necesidad insatisfecha de anticonceptivos es de 45 por ciento, para las segundas es de 25 por ciento.

La disparidad en el acceso a métodos anticonceptivos se traduce en la desigual tasa de fecundidad. El promedio de hijas e hijos que tienen las mestizas es de 4 y el de las indígenas de 7.

Esta disparidad tiene que ver con la barrera del lenguaje, ya que no hay una educación sexual en la lengua de las indígenas que les permita conocer los métodos anticonceptivos.

Otra causa de esta brecha es la visión de algunos hombres que toman actitudes violentas al ver que sus cónyuges no se embarazan. Entonces, “ellas tienen que sopesar entre la violencia o embarazarse”, ejemplificó la integrante de Tierra Viva.

Añadió que en la prevención de embarazos no deseados y en consecuencia de abortos eventuales, es preciso que el acceso a anticonceptivos sea universal, pero también se requiere que los hombres “asuman su responsabilidad en el proceso” y también utilicen algún método.

“Más allá del aborto, se trata del derecho de las mujeres a decidir si queremos ser madres o no. Lo que está en tela de juicio alrededor del aborto es la maternidad obligatoria y naturalizada impuesta socialmente para las mujeres, la cual representa una violación a nuestros derechos pues nos remite a ser para otros y no para nosotras mismas”, explicó.

Por ello, dijo, “abogamos por una maternidad libre y voluntaria”, que en el contexto actual de Guatemala está amenazada por las “tendencias derechistas que pretenden echar atrás el aborto terapéutico (cuando la vida de la mujer peligra)”.

El año pasado, ejemplificó, “tuvimos una amenaza por parte de ‘grupos antiderechos’ que salieron a decir que la pastilla de anticoncepción de emergencia (contenida en el protocolo de atención a mujeres que sufrieron violencia sexual) era abortiva”, en respuesta al embate las organizaciones se unieron y argumentaron científicamente que la función de la pastilla es anticonceptiva y no abortiva.

Además de los grupos de derecha, Solórzano alertó sobre el adverso panorama que se prevé en las siguientes elecciones presidenciables, que se llevarán a cabo el próximo 11 de septiembre, pues el partido de las mayorías (Partido Patriota) “amenaza con tener mano dura”, por lo que vislumbran que los derechos humanos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, estarán en riesgo.

La integrante de Tierra Viva consideró que su prioridad es evitar que haya un retroceso, por lo que defenderán los derechos conquistados como el aborto terapéutico y el programa de atención post- aborto, que brinda servicio médico a las mujeres que acuden por aborto incompleto, entre otras leyes y programas a favor de la salud sexual y reproductiva de las guatemaltecas.

11/GCJ/LGL

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