Las y los expertos en la materia lo creían ya un debate superado. Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y los sectores políticos y sociales más conservadores han vuelto ha levantar la polémica sobre el aborto.
La razón es la iniciativa del Gobierno español de reformar la Ley del Aborto de 1985, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: en caso de un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, en cualquier momento de la gestación; en caso de violación, en las 12 primeras semanas; y en caso de que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, en las primeras 22 semanas.
Un comité de expertos consultados por el gobierno de Madrid ha recomendado dejar en manos de la paciente la decisión de interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas y reconocer el derecho a abortar a partir de los 16 años sin consentimiento de los tutores legales.
Además, según estas recomendaciones, se permitiría interrumpir el embarazo hasta las 22 semanas en caso de que la vida o la salud de la madre corriera grave peligro y cuando se detectaran anomalías en el feto. Y a partir de las 22 semanas, sólo se podría abortar en caso de anomalías incompatibles con la vida del feto.
El Gobierno español apuesta además por garantizar la práctica de abortos en la sanidad pública, ya sea en los mismos centros hospitalarios públicos o en centros concertados.
Las reacciones no se ha hecho esperar, y la Iglesia Católica ha lanzado una fuerte campaña mediática. En las principales ciudades españolas y pueblos se pueden ver ahora enormes espectaculares con la imagen de un lince y un niño. En ellos, financiados por la CEE, se dice que el gobierno español protege más a un lince (especie protegida) que a un bebé.
Además, los obispos españoles han logrado elevar el asunto a debate nacional, llenando páginas de periódicos, así como espacios televisivos y de radio, y obligando a la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, a comparecer casi a diario ante los medios. Incluso, desde la COPE, la radio propiedad de la Conferencia Episcopal, sus locutores han llegado a decir que esta reforma busca que las personas como Izaskun –una chica con sindrome de Down que se hizo famosa por pedir en televisión trabajo al presidente del Gobierno– sean exterminadas.
Al presentar su campaña contra la reforma de la Ley del Aborto, el portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, aseguró que «está muy bien que se ampare a los animales en peligro de extinción, que se proteja a la diversidad de la biosfera, pero justamente esta sensibilidad mayor que tenemos para la biosfera nos debe hacer reflexionar acerca de la necesidad de proteger, no menos, sino más, a los seres humanos que van a nacer».
Como parte de esta campaña, los grupos conservadores Derecho a Vivir (DAV), HateOir.org, Médicos por la Vida y Provida Madrid organizaron el domingo 28 de marzo la primera manifestación en contra de la reforma. Con el lema «Por la Vida», miles de personas recorrieron los 600 metros que separan el Ministerio de Igualdad de la Plaza de las Cortes, frente al Parlamento español, con pancartas que rezaban: «No existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir», «mujer sí, aborto no» y «Aído: deja a las niñas de 16 años en paz».
La Conferencia Episcopal no asistió, pero desde los medios de comunicación e iglesias pidieron a sus fieles acudir a la marcha. También el conservador Partido Popular (PP), en la oposición, señaló que entiende que se convocaran las manifestaciones. Pese a que el partido se desmarcó de las protestas, su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaria, manifestó su rechazo a la reforma por cómo se ha llevado a cabo y por el hecho de que se pueda abortar de los 16 a los 18 años sin el consentimiento de los padres.
MATERNIDAD LIBRE Y ABORTO SEGURO
En contraparte, el colectivo feminista de España ha presentado estos días ante los medios la campaña «A favor: por una maternidad libre y por un aborto seguro». En ella, la Red Estatal de Organizaciones Feministas, que reúne a unas 200 asociaciones, ha expresado su apoyo a esta iniciativa, aunque considera que se queda corta. El colectivo pide que se permita la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 16 semanas y que no exista límite cuando se dé el supuesto de que el feto sea incompatible con la vida así como si existe riesgo para la madre.
Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, calificó además a la jerarquía de la Iglesia Católica de «partido extraparlamentario y fundamentalista». En su opinión, «la jerarquía de la Iglesia Católica española no está haciendo labor eclesial, sino política» e invitó a la reflexión de los obispos con una pregunta: «¿Cuántas mujeres han muerto por la cerrazón del fundamentalismo?».
Además, los grupos feministas adelantaron que se reunirán el 2 de abril con la Ministra Bibiana Aído, cuyo departamento espera tener listo el anteproyecto de ley en un mes, y han solicitado entrevistas con todos los grupos parlamentarios para trasladarles sus planteamientos.
Por su parte, la ministra de Igualdad espera que antes del verano esté «la mejor ley posible del aborto». Aído explicó esta semana en el Pleno del Congreso las previsiones del Gobierno respecto a la reforma de la Ley del Aborto. «El objetivo es tener la mejor ley posible, equipararla a los países de nuestro entorno, una ley más segura, que ofrezca más garantías y que sea más sensata», aseguró.
Señaló además que se incluirán las recomendaciones de cambio efectuadas por el Comité de Expertos y por la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. «Ambos coinciden en la necesidad de abordar no sólo lo relativo a la interrupción del embarazo, sino también a la prevención de los embarazos no deseados», concluyó la Ministra Aído.
09/MM/GG
