A pesar de que la joven estudiante universitaria de 20 años de edad, acusada de practicarse un aborto clandestino el 29 de marzo en ciudad del Carmen, Campeche, declaró que lo hizo de forma voluntaria, se encuentra, «libre bajo caución» y tendrá que enfrentar un proceso legal que podría durar de 6 meses a un año.
La joven originaria del estado de Chiapas, que el 26 de marzo decidió interrumpir su embarazo de entre 18 y 22 semanas de gestación, ingirió unas pastillas que le provocaron una hemorragia, por lo cual, tres días después acudió al Hospital General «María del Socorro Quiroga Aguilar».
Después de que una trabajadora social del hospital se percató que la joven se practicó un aborto inseguro y clandestino, la denunció el 30 de marzo ante el Ministerio Público por el delito de «aborto provocado». Tras unos días de estar en el hospital, la joven fue dada de alta el pasado 4 de abril.
En entrevista con Cimacnoticias, Oscar Castro Campos, vocero del Tribunal Superior de Justicia del estado de Campeche, informó que la joven pagó una fianza después de que se le dictó el auto de formal prisión. También señaló que ya se abrió el expediente 87/2009-2010, y que la acusada tendrá que presentar pruebas y testigos a su favor.
Por su parte el Ministerio Público también presentará pruebas en contra de la joven, por ahora el caso se encuentra en manos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, Héctor Manuel Jiménez Ricardez.
Este proceso de desahogo de pruebas podría durar de 6 meses a un año, pues de acuerdo con la legislación estatal y con base en los artículos 294, 297 y 11, fracción II, del Código Penal de Campeche, el aborto es un delito que se puede sancionar con una pena de uno a tres años de prisión.
ABORTO CLANDESTINO
De acuerdo con organizaciones con trabajo en derechos sexuales y reproductivos, como el Instituto Alan Guttmacher y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), las mujeres que abortan voluntariamente, en general lo hacen como única solución a un embarazo no deseado.
Por su carácter de ilegal, el aborto inducido –que se practica en la clandestinidad- es un problema de salud pública, ante esto hay que recordar que en marzo pasado, durante la revisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este cuestionó al Estado mexicano por las recientes reformas estatales que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres.
Para el Comité, las recientes reformas estatales, que defienden la protección absoluta de la vida en gestación, vulneran la autonomía reproductiva de las mujeres, por ello los expertos del Comité instaron a México a armonizar las legislaciones estatales para dar cumplimiento a los derechos garantizados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
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