Rumbo a la construcción de los derechos humanos de las mujeres y de un país democrático es importante «apostar a la vía legal» mediante la articulación de cinco leyes que garantizan a las mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencia, de no discriminación e igualdad, así como la prevención y sanciones al delito de trata de personas, coincidieron ayer feministas de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), diputadas federales y ex legisladoras, durante el cierre del Primer Seminario Nacional Derechos Humanos de las Mujeres. Marco Jurídico y Política de Estado.
En el acto, Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, manifestó la relevancia que tiene el conocimiento de las cinco leyes, expuestas durante el seminario, como «camino a la construcción de nuestros derechos humanos» y vía legal para construir un país democrático «que no lo es en su funcionamiento, ni en la relación mujeres y gobernabilidad».
Durante el seminario, distintas actoras debatieron sobre la necesidad de articular los siguientes instrumentos jurídicos: Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, para conformar el cuerpo legal necesario para el avance de los derechos humanos de las mujeres.
La articulación de estas dos leyes federales y tres generales implica un proceso de modificaciones, reformas, leyes secundarias, además de establecer el diálogo con los gobiernos estatales a partir de los derechos humanos de las mujeres y la aplicabilidad de las legislaciones «para ver qué tipo de armonización se podría dar», señaló la feminista Adriana Ortiz Ortega, investigadora y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale, durante el seminario que se celebró el 22 y 23 de septiembre, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Armonizar estas cinco leyes es un proceso «amplio» que involucra diversos niveles de gobierno, al tiempo que demanda la participación de la ciudadanía; «la ley es un cambio que se da detrás de las sociedades, no podemos olvidar esto si queremos dar un paso adelante», expresó.
Trabajar en la armonización, dijo, también es una cuestión ligada a la articulación del movimiento de mujeres, a los agentes internacionales en una dinámica de contexto global.
Luego de realizar un análisis sobre las cinco leyes mencionadas, Adriana Ortiz indicó que «es fundamental el tema de igualdad, pero también es importante tener presente la libertad, como un principio de constitución del Estado moderno, en el que la ciudadanía participa de manera libre en la vida democrática, así como la inclusión de las acciones afirmativas en las legislaciones».
Por su parte, Lucero Saldaña, ex senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gestora de la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, aseveró que es preciso generar un debate nacional sobre «estos desafíos, que nos permitan identificar qué elementos y estrategias requerimos para seguir avanzando en el tema».
Desde su perspectiva, la armonización de las cinco leyes, muy vinculadas entre sí y necesarias para abatir en conjunto la exclusión histórica de las mujeres de las estrategias de desarrollo, debe ponerse en la agenda pública.
Por lo que, en un contexto en el que a pesar de haber logrado la igualdad jurídica, prevalece el trato desigual para mujeres y hombres, «hay que exigir las legislaciones y políticas públicas que necesitamos, independientemente de los partidos», concluyó la priista.
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