La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) exigió la protección inmediata y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las ciudadanas españolas y propuso una campaña activa y urgente en apoyo a Victoria Virtudes, trabajadora de una clínica, agredida y amenazada, y de las clínicas clausuradas de Barcelona y Madrid.
La FPFE considera que hay intereses por parte de movimientos integristas-fundamentalistas para iniciar una «caza de brujas» contra las clínicas que realizan abortos y ha dirigido su comunicado al gobierno central y autonómico con responsabilidades en materia de interrupción voluntaria del embarazo, donde denuncia la insuficiencia de la actual legislación del aborto en España que está generando confusión en la sociedad española, recordando que la actual ley contempla, en el primer caso, que no existe un límite de tiempo para practicar el aborto.
En este primer supuesto, el llamado aborto terapéutico, la ley indica que en el caso de grave peligro físico o psíquico para la salud de la madre se podrá abortar en cualquier momento del embarazo si el certificado médico así lo prescribe. No obstante, únicamente un 12 por ciento de los abortos que se realizan en España se hacen después del primer trimestre y, de ellos, solo el 2 por ciento superan las 21 semanas.
La Federación de Planificación Familiar exige, asimismo, la revisión de la actual ley en el Congreso de los Diputados y que se promueva una nueva legislación del aborto en España libre y gratuito.
CONTINÚAN LAS DETENCIONES EN CLÍNICAS
La campaña de la Federación de Planificación Familiar se pone en marcha cuando arrecia la tormenta legal y de opinión pública en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Junto a la Federación, las asociaciones de mujeres exigen la máxima cautela, al tiempo que recuerdan que la legalidad vigente permite el aborto en tres supuestos.
Por otro lado, reclaman el respeto a la presunción de inocencia de los imputados, ya que, a su juicio, se está vulnerando en la mayoría de informaciones publicadas mientras que la opinión pública está confundida con datos falsos sobre el aborto en nuestro país, donde la mayoría de interrupciones (el 88 por ciento) se realizan en el primer trimestre de embarazo.
Las clínicas, por su parte, hablan de «caza de brujas» toda vez que a la acción administrativa y judicial hay que añadir el acoso y las amenazas que reciben de sectores ultraconservadores.
Hace apenas dos días, la Guardia Civil detenía a siete médicos, entre ellos un psiquiatra que hacía guardias en el servicio psiquiátrico de la cárcel de Can Brians, en la segunda fase de la operación contra la red de supuestos abortos ilegales que dirigía en Barcelona el facultativo Carlos Morín. Mientras tanto, tres de los seis detenidos en la primera fase siguen en prisión.
Según han informado la agencia EFE y fuentes cercanas al caso, los siete especialistas detenidos son: dos psiquiatras, dos anestesistas y tres ginecólogos, a quienes se acusa de asociación ilícita, aborto ilegal y falsificación documental.
Estas detenciones se producen a consecuencia de la investigación que mantiene abierta el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, a raíz de un reportaje de la televisión danesa y de la denuncia presentada por la asociación católica e-Cristians.
De forma simultánea a la investigación en Cataluña, la Comunidad de Madrid ha decretado la suspensión cautelar de actividad en dos centros que hacían abortos en la capital, mientras continúa investigando la actividad del resto de clínicas de titularidad pública que, en la capital de España, hacen interrupciones voluntarias de embarazo.
También hoy, el portavoz de Convergencia i Unió en el Congreso, Duran i Lleida, ha presentado una batería de preguntas pidiendo explicaciones sobre las prácticas de abortos que, en su opinión, «ponen de manifiesto la existencia de un fraude sistemático y estructural de nuestro sistema de protección a la vida».
Duran i Lleida se refiere a abortos de siete y ocho meses de embarazo (solo el 2 por ciento son de abortos en España corresponden a embarazos de más de 21 semanas) y lo que denomina «falsedades documentales» que demuestran que, a su juicio, en España existe en la práctica «un sistema de aborto libre».
LA REALIDAD DEL ABORTO EN ESPAÑA
En España, el aborto está despenalizado en tres supuestos: peligro para la salud física o psíquica de la madre; malformación del feto o embarazo como resultado de una violación. En estos dos últimos casos existen limitaciones temporales o plazos.
Las mujeres que optan por una interrupción voluntaria de embarazo han de acudir, mayoritariamente, a las clínicas privadas, puesto que la objeción de conciencia impide que los abortos puedan llevarse a cabo en la sanidad pública que solo realiza el 3 por ciento de las interrupciones.
Muchas mujeres de Comunidades Autónomas distintas a Madrid o Barcelona deben, además, desplazarse hasta estas capitales para recibir atención, al carecer de ninguna opción, pública o privada, en sus lugares de origen, con las subsiguientes dificultades para ejercer un derecho que debería garantizar la sanidad pública. Un derecho que pueden tener mayores dificultades para ejercer en el caso de que continúen los cierres de clínicas en Madrid y Barcelona.
Todo ello hace que diferentes colectivos reclamen la revisión de la legislación, para avanzar hacia un sistema de plazos que impida situaciones de vulnerabilidad de las mujeres que se someten a la interrupción del embarazo y de los profesionales de la sanidad que los practican. El sistema de plazos, mayoritario en Europa, permite optar por el aborto de forma libre, sin informes médicos o psiquiátricos, siendo la voluntad de la madre la que prevalece.
Algunas voces en el Partido Socialista (PSOE) comienzan a plantearse la necesidad de abordar el asunto, aunque en el último programa electoral el tema se había caído de la agenda. Por su parte, el Partido Popular (PP) no considera la posibilidad de modificar la ley en ningún caso.
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