El cierre cautelar del Instituto CB Medical Ginemedex, clínica que efectúa abortos desde hace casi tres años en Madrid, es un paso más en la campaña abierta contra el derecho al aborto que incluye la persecución de la profesión médica especializada en interrupción voluntaria del embarazo y el acoso a personas.
Tal es el caso de Victoria Virtudes, feminista y experta en salud sexual y reproductiva, quién ha sido agredida físicamente a las puertas de su casa y está siendo amenazada, incluso de muerte, desde hace ocho meses.
A la Comisión para la Investigación de Malos Tratos (CIMTM) no le «parece casual» el hecho de que la clínica clausurada de forma cautelar ayer por la Consejería de Sanidad de Madrid, CB Medical, sea donde trabaja Victoria Virtudes, conocida como Vito. Su portavoz, Sara Vicente, manifestó a AmecoPress estar sorprendida porque «hay varias clínicas en Madrid» y sólo han abierto investigación a dos de ellas, «en las que precisamente hay mujeres feministas».
Se trata de los centros CB Medical Ginemedex y la clínica Isadora, en la que trabaja la feminista Empar Pineda. Isadora fue registrada por el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) acusada de tirar fetos en cubos de basura, pero la propia Comunidad de Madrid ya ha reconocido que no estaba cometiendo ninguna irregularidad en la forma de eliminación de los residuos sanitarios.
La CIMTM emitió un comunicado suscrito por las organizaciones de mujeres para apoyar a Vito y denunciar el acoso al que está siendo sometida desde el mes de febrero, con amenazas de muerte en la puerta de su domicilio y en su teléfono privado, que se materializaron el pasado 15 de noviembre con una agresión física cuando entraba en el portal de su casa. Un joven llevó hasta el final las amenazas que dos individuos le hicieron días atrás: «La próxima serás tú».
Por su parte, la presidenta del Asociación de Planificación Familiar de Madrid (APFM) mostró su solidaridad hacia Vito y pidió que sea perseguido «el atentado terrorista» que se ha cometido hacia ella.
Concha Martín Perpiñán criticó la «ofensiva legal y física» contra el aborto, que además de los ataques a Victoria Virtudes, incluye pintadas con amenazas, agresiones y rotura de cristales en los centros autorizados para la interrupción voluntaria del embarazo.
ABORTAR ES LEGAL
En opinión de CIMTM, «en este país no hay nadie que esté practicando abortos de forma ilegal. CB Medical tenía todo el personal y todos los papeles en regla, por eso nos sorprende la persecución que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid», enfatizó su portavoz, Sara Vicente.
La Asociación de Planificación Familiar de Madrid (APFM) también entiende que en Madrid se está atacando a las entidades y clínicas que realizan abortos, y aunque aseguran no conocer las causas del cierre de CB Medical, «mi opinión es que actuaba dentro de la legalidad», manifestó su presidenta, Concha Martín Perpiñán.
Ante el seguimiento mediático y el tratamiento informativo que están dando los medios generalistas a las investigaciones abiertas en las clínicas de Barcelona y Madrid, el Instituto de la Mujer pide «seriedad y veracidad». La directora, Rosa Peris, lamentó que las noticias coloquen al aborto «en el punto del tremendismo y probablemente algunas cosas no sean como se están contando».
Peris aseguró a AmecoPress que el Instituto comparte la opinión de que hay «otros intereses» detrás de las pesquisas abiertas en las clínicas de Barcelona y Madrid. «Lo vemos con preocupación, pero hay una investigación y debemos ser muy escrupulosas y ver lo que la justicia decide».
La directora del Instituto de la Mujer explicó que el derecho al aborto ha sido una conquista del movimiento feminista y manifestó su inquietud ante un debate que pretende cuestionar los derechos alcanzados por las mujeres, como el del aborto, que está reconocido dentro de los Derechos Humanos. «Las aguas deben volver a su cauce, y donde se haya incumplido la ley, que se asuman las responsabilidades de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico».
En el mismo sentido se pronunció Concha Martín Perpiñán, presidenta de la Asociación de Planificación Familiar de Madrid. A su juicio, debe analizarse la situación legal en la que se están realizando las interrupciones voluntarias del embarazo en España y abandonar la «persecución» a las clínicas y a las personas que se dedican a esta profesión.
Martín Perpiñán afirmó que la ley actual es «insuficiente» y las mujeres pueden ejercer su derecho a abortar porque la empresa privada asume el 98 por ciento de las intervenciones que se realizan en nuestro país. Sin embargo, no está entre los planes del Gobierno modificar la norma a medio plazo, aunque según Rosa Peris, «no significa que se renuncie a esa opción sino que ahora no es el tempo adecuado».
ABORTAR NO ES UNA FRIVOLIDAD
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos aboga por garantizar el derecho al aborto de todas las mujeres con una despenalización «total» que supondría «sacarlo del Código Penal». Apuesta por una modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que establezca en el supuesto psicológico un plazo, de entre 12 y 16 semanas, en el que la mujer decida libremente sin necesidad de un examen psiquiátrico.
«La mayoría de las mujeres abortan antes de las 22 semanas y no lo hacen porque quieren o porque decidan, a las 30 semanas de embarazo, que les viene mal. Cuando hacen esto es porque hay algo detrás, son cosas que no se están diciendo y el mensaje que se lanza a la sociedad es de agresión al aborto, como si las mujeres abortasen porque les da la gana, porque son unas frívolas», declaró Sara Vicente, portavoz de la CIMT.
Tanto la Federación Estatal de Planificación Familiar como la Coordinadora Estatal de Asociaciones Feministas defienden que las interrupciones de embarazo se realicen de forma normalizada en el marco de la sanidad pública y que el aborto sea despenalizado para que las mujeres tengan derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
07/TE/GG
