La democracia y el estado de derecho en México sólo son parte del discurso retórico de nuestros gobernantes, afirmó la directora de la Asociación Integral para el Desarrollo de Personas Violadas (ADIVAC), Laura Martínez Rodríguez, al referirse al caso de una menor secuestrada y violada en el Estado de México.
Al denunciar la ausencia de garantías legales para la víctima y para sus familiares, así como las deficiencias en el proceso de investigación, Martínez Rodríguez recordó que de un total de 400 recomendaciones hechas por relatores de Naciones Unidas en diversos temas, la práctica cotidiana muestra que la mayoría de los funcionarios públicos ejercen su autoridad sin apego a la ley.
Señaló que el caso de esta adolescente víctima de secuestro y violación el pasado 5 de febrero de 2004, bien podría calificarse como el mejor y el peor ejemplo, toda vez que en la búsqueda de justicia se enfrenta a un sistema violatorio de sus derechos humanos.
Martínez Rodríguez advirtió que este caso de violencia sexual se caracteriza por la impunidad y la deficiente integración de la denuncia y sobre todo por el desconocimiento de los funcionarios de los derechos de las víctimas.
Consideró que además de las autoridades estatales, también actuaron de manera negligente al poner en tela de juicio el dicho de la adolescente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes no defendieron los derechos humanos de la menor.
Lo anterior, apuntó nos ubica en el último lugar entre las naciones latinoamericanas en el tema de procuración de justicia, como lo han señalado la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la violencia contra las mujeres, Yakin Ertürk, y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Andres Kompas,
La directora de ADIVAC, que brinda atención psicológica y asesoría legal a la adolescente, la violación fue perpetrada el 5 de febrero de año pasado en el Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, por parte de Jesús Gustavo Gutiérrez Honorato y su cómplice Diego Víquez Morales.
Este último, raptó a la adolescente para llevarla con su agresor, Jesús Gustavo Gutiérrez, de 22 años de edad, quien la secuestró toda la noche, la narcotizó y amenazó con matarla si no accedía a sus peticiones.
Martínez Rodríguez refiere que al momento de denunciar los hechos, el Ministerio Público José Luis Bermejo Hernández, asentó una declaración distinta a la expuesta por la denunciante, ya que en lugar de ejecutar la acción por secuestro y violación, lo hizo por actos libidinosos y violación equiparada.
Asimismo, expresó que el agresor firmó una declaración en la que aceptaba su delito y decía querer casarse con la víctima; sin embrago, en los documentos oficiales la confesión por la que se declara culpable está desaparecida.
En el proceso a Jesús Gustavo Gutiérrez Honorato, en el Juzgado Cuarto de lo Penal de Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México, se han observado graves anomalías entre las que destaca la actuación de la Ministerio Público, Cristina Guerrero Ramírez.
Esta funcionaria, indicó Martínez, a pesar de ser la representante legal de la víctima, permite que la mecanógrafa, María Gómez Montoya, se haga cargo de la audiencia junto con el abogado defensor del agresor, Daniel Gorostieta de la Cruz, quien hostiga a la familia de la adolescente.
Cristina Guerrero Ramírez no ha solicitado a la autoridad correspondiente los antecedentes penales del agresor, quien presuntamente está vinculado al narcomenudeo.
Con relación a la actuación del Juez, Álvaro Higareda Flores, denunció que el funcionario se presenta tarde a las audiencias, intimida a la madre de la víctima y le ordena guardar silencio con el argumento de que, por ser el juez, tiene la última palabra.
También la llegó a amenazar con una multa por no presentar a la adolescente para ser careada con los policías y los amigos del violador, a petición del abogado defensor.
En 2002, ADIVAC atendió a más de cuatro mil 600 personas agredidas sexualmente. De ellas sólo 72 solicitaron asesoría para iniciar un proceso legal. Según la directora de la institución las víctimas se niegan a denunciar porque no creen en la impartición de justicia o por temor enfrentarse a un proceso legal.
2005/MP/SJ
