Periodistas, defensores de Derechos Humanos (DH) y migrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad, sin que el Estado mexicano les ofrezca protección o investigue los delitos de que son víctimas.
Esa es la conclusión del informe mundial 2012 de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), que hizo un balance sobre la estrategia de seguridad de Felipe Calderón que en casi seis años provocó un incremento de asesinatos, torturas y otros abusos a los Derechos Humanos.
Sobre los casos de defensoras de DH, HRW cita las amenazas contra María Luisa García Andrade y Sara Salazar, cuyas casas fueron incendiadas en febrero de 2011, en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que tuvieron que abandonar su hogar.
A decir de la organización, estas amenazas se dieron pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a su favor en junio de 2008, las cuales las autoridades federales y estatales no implementaron.
Otra omisión del Estado mexicano fue ignorar las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ?dos por tortura sexual?, que lo exhortan a reformar la jurisdicción militar, lo que ha provocado que en las violaciones a DH cometidas por militares, éstos casi nunca respondan ante la justicia.
HRW destacó que la Procuraduría General de Justicia Militar inició 3 mil 671 investigaciones sobre violaciones a DH cometidas por miembros del Ejército contra civiles entre 2007 y junio de 2011. Sin embargo, sólo 15 soldados fueron condenados durante ese período, documentó.
Agregó que en 2012 numerosos periodistas, especialmente aquellos que investigan asuntos ligados al narcotráfico o asumen una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades, han sido víctimas de persecuciones y ataques.
Según información recopilada por HRW, entre 2000 y septiembre de 2011, fueron asesinados 74 periodistas, al menos ocho de ellos durante 2011, y si bien muchos ataques se atribuyeron a la delincuencia organizada, en algunos casos se señala la posible participación de funcionarios.
La organización internacional expuso que las autoridades no han conseguido investigar ni juzgar adecuadamente los delitos contra la prensa, ni tampoco han protegido a las y los periodistas que están expuestos a graves riesgos, lo cual ha propiciado un clima de impunidad y autocensura.
Acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, HRW precisó que en mayo de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia, y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación sexual.
Esta conclusión se dio luego de que las y los ministros discutieran la constitucionalidad de la NOM 046 sobre violencia sexual. HRW criticó que hasta septiembre de 2011 sólo cinco estados habían reformado sus códigos de procedimientos penales para incorporar estos cambios.
Aunado a lo anterior, el Derecho mexicano no ofrece una protección adecuada a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y el abuso sexual, e incluso algunas disposiciones son contrarias a los estándares internacionales.
Debido a ello el organismo señaló que las mujeres que han sufrido violaciones a sus DH en general no denuncian estos hechos a las autoridades, y quienes sí lo hacen suelen enfrentarse a una «actitud de sospecha, apatía y menosprecio».
HRW indicó que al no denunciarse la totalidad de los hechos, se frustran las presiones para obtener reformas legales necesarias y se perpetúa la impunidad de la violencia contra mujeres y niñas, es decir el Estado es responsable que los delitos contra la población femenina continúen.
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