Organizaciones civiles defensoras de derechos humanos denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) el retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos en México, que criminalizan la práctica del aborto legal en 13 entidades federativas y el uso de métodos anticonceptivos como la Anticoncepción de Emergencia (AE), así como el cumplimiento de la Norma Oficial 046, para atención a víctimas de violencia sexual.
En conferencia de prensa, donde se dieron a conocer las recomendaciones hechas por este Consejo al Estado mexicano como parte del Examen Periódico Universal (EPU), Elizabeth Plácido, de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), enfatizó que se evidenció ante el Consejo cómo el Gobierno mexicano obstaculiza y niega los servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres.
Las ONG que se encuentran en Ginebra, Suiza, informaron a la Alta Comisionada, Navi Pillay, que a raíz de las reformas a la Ley de Salud y Código Penal del DF, aprobadas en abril de 2007 por los legisladores locales que permiten a las mujeres interrumpir legalmente un embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, los grupos conservadores mexicanos se han dado a la tarea de impedir a toda costa que la medida se extienda a otras entidades federativas.
Ello a través de las modificaciones a las constituciones locales en 13 entidades de la República Mexicana que protegen la vida desde el momento de la fecundación, contraviniendo así, dijo Plácido, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en agosto de 2008 declaró la constitucionalidad de la reforma que permite la ILE, así como diversos tratados internacionales.
Elizabeth Plácido, encargada del enlace interinstitucional de CDD, dijo que a la fecha alrededor de 400 prestadores de los servicios de salud de diferentes entidades federativas se han amparado para no aplicar la recién modificada Norma Oficial 046 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para su prevención y atención.
La activista señaló que la NOM 046, que establece la obligación de los prestadores de servicios de salud para ofrecer la Anticoncepción de Emergencia y la ILE en los casos de violación, no está siendo aplicada por los prestadores de los servicios de salud argumentando la objeción de conciencia.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
De las 91 recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al Estado mexicano, 14 se refieren a la violencia contra las mujeres, discriminación y falta de acceso a la justicia.
La comunidad internacional que conforma el Consejo recomendó al Estado mexicano establecer mecanismos eficaces que terminen con la impunidad en torno al feminicidio en Ciudad Juárez y en el resto del país y que los responsables sean llevados ante la justicia.
Asimismo, le piden concretar el Sistema y Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y garantizar que se elaboren los reglamentos para su aplicación efectiva.
Terminar con la discriminación, elevar el nivel de vida y asegurar la presencia de más mujeres en puestos de toma de decisión son otras de las peticiones hechas al Estado mexicano.
No obstante, para Elizabeth Plácido, de CDD, pese a éstas y otras recomendaciones que ya se han recibido al respecto, el Estado mexicano continúa simulando que atiende la problemática creando instituciones que no satisfacen los requisitos mínimos para investigar y sancionar a los responsables de ejercer violencia contra las mujeres.
Ejemplo de ello, dijo, son la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas (Fevimtra) y la extinta Comisión para Juárez, que aún cuando se les dota de recursos financieros, carecen de facultades para realmente sancionar este delito.
El próximo 11 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentará su evaluación final al Examen Periódico Universal presentado por Estado mexicano y éste estará obligado a informarle cómo cumplirá las recomendaciones hechas, así como si aceptará o no las 8 recomendaciones que se negó a aceptar y que tienen que ver con la justicia militar.
09/LGL/GG
