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Estado se niega a reconocer desplazamiento forzado de mujeres

Por Anaiz Zamora Márquez

Mientras el gobierno mexicano niega que en el país haya desplazamientos forzados debido a la violencia extrema y el crimen organizado, muchas mujeres huyen de sus lugares de origen por esta situación y su condición se agrava al llegar a lugares de destino y carecer de los recursos económicos para hacer frente a su nuevo contexto.
 
Reunidas en el foro “Violencia y migración: desplazamientos forzados por el crimen organizado” –realizado en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM–, expertas en la materia presentaron un esbozo de la realidad que enfrenta un incalculable número de mujeres desde 2008, año en el que la violencia del narcotráfico recrudeció principalmente en los municipios del norte de México.
 
En el encuentro –que se desprende del seminario permanente de “Investigación sobre migración. México, Canadá, Estados Unidos”, del IIS– se relató cómo el incremento de la violencia orilló a muchas mujeres a huir de sus comunidades, perder sus viviendas y a ser jefas de familia sin contar con recursos económicos o la experiencia para insertarse en el mercado laboral.
 
Brenda Gabriela Pérez Vázquez, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), destacó que aunque no existen cifras oficiales –pues aseguró que el gobierno se niega a admitir el problema y a crear herramientas para cuantificarlo–, con base en encuestas, testimonios y seguimiento de casos se ha detectado que cerca del 75 por ciento de las personas que huyen a causa de la violencia son mujeres, niñas y niños.
 
Explicó que este desplazamiento constituye un tipo de migración que se da en condiciones de extrema vulnerabilidad, y que puede llevarse a cabo de forma masiva, gradual o “gota a gota”. 
 
Pérez Vázquez agregó que una gran proporción de estas mujeres huyen porque el jefe de la familia (esposo, hijo o padre) fue asesinado o quedó incapacitado por una agresión de grupos criminales, mientras otras se van de su lugar de origen para evitar ser agredidas o proteger a su familia.
 
En los lugares de destino se enfrentan nuevamente a condiciones de vulnerabilidad, ya que tras haber huido “con lo que llevan puesto” carecen de documentación oficial para reinsertarse a la seguridad social, reincorporar a sus hijas e hijos a la escuela, o comprar o rentar una vivienda.
 
Por su parte, Laura Rubio Díaz Leal, profesora investigadora en el Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), ejemplificó esta problemática con las experiencias de mujeres que huyeron o protagonizaron el desplazamiento por un hecho violento en municipios del estado de Durango.
 
Con base en su investigación, pudo detectar que estas mujeres identifican una ruptura social a partir de 2008 y 2009, años en los que se enfrentaron a una restructuración de la vida cotidiana, pues contaron que a partir de esa fecha dejaron de salir y divertirse, además de que empezaron a notar actos de violencia brutales como el reclutamiento de niños a los grupos criminales.
 
Laura Rubio destacó que este tipo de migración forzada complica las condiciones de vida de las mujeres, toda vez que previamente al desplazamiento muchas de ellas se limitaban al trabajo en el hogar o realizaban labores agrícolas para el autoconsumo, y al emigrar “tienen que adoptar un nuevo rol social como jefas de familia de la noche a la mañana”.
 
Lo que es sumamente complicado, pues en ese caso se trata de mujeres con niveles bajos de educación y que no tienen experiencia laboral previa, por lo que se emplean en el sector informal y algunas de ellas en las maquiladoras.
 
“La problemática de violencia no termina al emigrar, pues estas mujeres viven con el temor de denunciar, de ser perseguidas y de seguir perdiendo más”, finalizó la académica.
 
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