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Estados de AL criminalizan a activistas

Por la Redacción

Organizaciones de América del Sur denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las y los defensores enfrentan cuatro obstáculos para realizar su trabajo: el desprestigio, leyes arbitrarias, un poder judicial que criminaliza, y amenazas por parte del Estado.

Durante la audiencia temática “Situación de defensores y defensoras de Derechos Humanos en América del Sur”, que se realizó el 25 de marzo en Washington, Estados Unidos, ocho organizaciones de países como Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia y Brasil advirtieron que las y los activistas enfrentan problemas que restringen la capacidad ciudadana para proteger las garantías humanitarias.

En la audiencia realizada como parte del 141 periodo de sesiones de la CIDH, Emilie Joly, coordinadora del área de Acceso Igualitario a la Justicia de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), señaló que los Estados de América del Sur tienen cuatro “modos operandi” que dificultan el trabajo de las organizaciones defensoras de los DH.

Emilie Joly dijo que el uso arbitrario de las leyes; el desprestigio, difamación y estigmatización; la criminalización de líderes sociales a través del Poder Judicial; el hostigamiento y amenazas que el Estado ejerce, así como la impunidad y falta de investigación reflejan la situación que viven las y los defensores.

Las organizaciones dijeron que la situación de México es similar porque también se han documentado hostigamiento, amenazas e incluso asesinatos de activistas. Sólo en 2010 la Organización de las Naciones Unidas registró cinco asesinatos de defensores, tres de los cuales fueron de mujeres.

Emilie Joly destacó que esta situación muestra que en la región se limita y castiga el trabajo de las y los defensores y resaltó que si bien no todos los mecanismos son usados por el Estado, la impunidad, la falta de investigaciones y el incumplimiento de los estándares internacionales en la materia facilitan que estos crímenes se repitan.

Ante este panorama, las organizaciones pidieron a la CIDH que organice una conferencia regional para analizar esta situación con mayor detenimiento, que adopte mecanismos decisivos para dar seguimiento a las medidas cautelares, y que recomiende a los Estados atacar las causas del hostigamiento contra defensores en vez de formular leyes intimidatorias.

11/AGM/RMB/LGL

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