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Estrategia de Felipe Calderón elevó tortura sexual contra mujeres

Por Anayeli García Martínez
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La tortura sexual, física y psicológica contra las mujeres detenidas por soldados, marinos y policías es generalizada, ya que de 100 casos documentados desde 2011, en 72 por ciento se perpetró este delito, concluyó Amnistía Internacional (AI). 
 
En el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, AI aseguró que, a menudo, las fuerzas de seguridad torturan y violentan sexualmente a las mujeres detenidas.
 
Al presentar la investigación en conferencia de prensa en esta ciudad, la directora regional de AI, Erika Guevara-Rosas, y la coordinadora del análisis, Madeleine Penman, expusieron que para este informe entrevistaron a 100 mujeres recluidas en prisiones federales, que dijeron ser víctimas de tortura o violencia física y psicológica.   
 
Los datos indican que en medio de la estrategia de seguridad pública implementada de 2006 a 2012 por el entonces titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, fue frecuente el arresto de mujeres como una forma de incrementar las cifras de detenciones de integrantes del crimen organizado.   
 
Las denuncias documentadas por AI fueron en 19 estados y 82 por ciento de las entrevistas fueron de mujeres detenidas a partir de 2011.
 
De las entrevistadas, 72 dijeron ser víctimas de abuso sexual durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 denunciaron haber sido violadas; del total, 66 contaron que denunciaron ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se abrieron pesquisas para esclarecer y castigar a los culpables de los maltratos.
 
“Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, dijo Erika Guevara-Rosas.
 
A decir de la defensora, AI ha documentado casos de denuncia de tortura sexual, pero no habían profundizado en los casos de las mujeres porque creía que se trataba de casos excepcionales, y quizás las detenidas no pasaban por los mismos sufrimientos, ni se les infringían los mismos tratos.
 
AI documentó que la cultura de violencia contra las mujeres que impera en el país también se traslada a la esfera de los crímenes cometidos por el Estado, como la tortura, y es que los casos revisados indican que la práctica preferida de las fuerzas de seguridad es la violencia sexual desde la penetración hasta los tocamientos del cuerpo.      
 
Entre los casos que se documentaron, está el de Mónica Esparza Castro, mujer de 26 años, violada por seis agentes de la policía y torturada con descargas eléctricas, asfixia e intento de ahogamiento en la ciudad de Torreón, en el norteño estado de Coahuila, el 12 de febrero de 2013.
 
También presentaron el caso de Verónica Razo Casales, detenida en la Ciudad de México el 8 de junio de 2011, y quien fue violada sexualmente, torturada con descargas eléctricas, golpeada por policías federales y acusada de secuestro. Otro caso es el de Claudia Medina Tamariz, también detenida y torturada sexualmente por marinos en Veracruz el 7 de agosto de 2012.
 
Ante estos hechos, AI llamó a las autoridades mexicanas a adoptar medidas urgentes para abordar y prevenir la violencia sexual y la tortura de mujeres, y es que aseguró que el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las Mujeres, adscrito a la Secretaría de Gobernación, aún no funciona.
 
Tal mecanismo agrupa a las autoridades federales responsables de la prevención e investigación de la tortura. Sin embargo, AI destacó que en los nueve meses transcurridos desde su creación ha estado inactivo, y no hay avance alguno en los tres únicos casos que se han presentado ante la instancia.
 
Por otra parte, se prevé que este año el Senado discuta un proyecto de Ley General sobre la Tortura, por lo que las representantes de AI llamaron a las y los legisladores a garantizar que tenga perspectiva de género, y que todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos sean excluidas de los procesos penales.
 
16/AGM/RMB

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