Exige CEDAW medidas efectivas para proteger a las periodistas

El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), solicitó al Estado mexicano medidas eficaces para luchar contra la impunidad que prevalece en los ataques y otras formas de abuso contra mujeres periodistas.
 
Ante la alarmante situación de violencia contra las periodistas y las defensoras de Derechos Humanos (DH), el Comité de la CEDAW en sus “Observaciones finales sobre México” solicita medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar la violencia contra ellas y para enjuiciar y castigar a sus autores.
 
Según el informe “Violencia contra mujeres periodistas 2010-2011”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), de 2002 a 2011 han sido asesinadas 10 trabajadoras de los medios de comunicación, casos que siguen impunes.
 
En el apartado 24 de las “Observaciones finales sobre México”, el Comité expresa su profunda preocupación por los riesgos que las periodistas y las defensoras humanitarias enfrentan en el ejercicio de su profesión, los cuales van desde amenazas, campañas difamatorias, abuso sexual, hostigamiento y feminicidio.
 
Agrega que es grave la demora de las autoridades competentes en adoptar medidas para garantizar sus DH, la libertad de expresión, la vida, la libertad y la integridad de las personas, así como el acceso a la justicia.
 
“Son preocupantes las denuncias de que la mayoría de los casos de violencia contra periodistas y defensoras de DH habrían sido perpetrados por agentes del Estado, y de que no se hayan emprendido medidas para prevenir, investigar, acusar y enjuiciar a los culpables”.
 
Ante este panorama, el Comité de la CEDAW también solicita se garantice la rápida aplicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a nivel federal y estatal, a fin de garantizar la vida, la libertad y la integridad de las mujeres, y vele porque no sean objeto de ningún tipo de violencia.
 
Asimismo, urge al establecimiento del Mecanismo de Protección  previsto en la ley y se asegure que incluya un enfoque de género.
 
El pasado 25 de octubre quedó instalado el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Defensores de DH y Periodistas, el cual será presidido por Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.
 
La función del Consejo Consultivo es apoyar los trabajos del gobierno federal para elaborar los protocolos de protección de periodistas y defensoras y defensores de DH.
 
El Consejo señala que tendrá que coordinarse con representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública, así como con la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para definir a la brevedad cuáles serán los métodos de protección de las y los defensores y periodistas en riesgo.
 
La creación del Consejo Consultivo está estipulada en la recientemente aprobada Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual a su vez prevé la implementación de un mecanismo que resguarde la vida e integridad de activistas y comunicadores que estén en riesgo por su labor humanitaria e informativa
 
Igualmente, el Comité de la CEDAW le solicita a México que las observaciones finales se difundan a todas las instancias pertinentes, al Congreso de la Unión, y al Consejo de la Judicatura Federal, a fin de asegurar su plena aplicación.
 
El pasado 17 de julio el gobierno de México fue evaluado sobre el cumplimiento de la CEDAW durante la 52 sesión del Comité de Expertas de esa instancia de la ONU.
 
Nuestro país fue examinado sobre los reportes 7 y 8 que entregó en septiembre de 2010 al Comité, y en los que argumentó el supuesto cumplimiento de la Convención aprobada en 1979 y a la que México se sumó en 1981.
 
Las recomendaciones del Comité de la CEDAW fueron dadas a conocer el pasado 27 de julio, y las “Observaciones finales” el pasado 7 de agosto. Ambas son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano por tratarse de un acuerdo internacional en materia de DH. Su cumplimiento deberá ser incluido en el próximo reporte programado para 2016 o cuando le sea solicitado.
 
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