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Exigen chiapanecas acción de inconstitucionalidad

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Organizaciones feministas de Chiapas solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por las reformas a la ley local aprobadas el 18 de diciembre pasado, que protegen la vida desde la concepción y penalizan el aborto bajo cualquier circunstancia.

En una carta enviada al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, más de 40 organizaciones subrayan que el recurso de inconstitucionalidad debe ser presentado a la SCJN antes del próximo lunes 18 de enero, debido a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo quinto, que cualquier reclamo de inconstitucionalidad debe realizarse antes de 30 días de haber sido publicada la ley a impugnar.

La petición, enviada también a la Procuraduría General de Justicia y a la Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas, destaca que dichas autoridades “no sólo tienen la facultad” de interponer este recurso, sino que están obligadas a proteger la vida, libertad y salud de las mujeres”, señaló en entrevista Martha Figueroa Mier, integrante del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem).

DENUNCIAN TRANSGRESIÓN A PROCESO LEGISLATIVO

Las reformas aprobadas el 18 de diciembre pasado en Chiapas, fueron publicadas en el Diario oficial antes de ser discutidas por el Congreso local, con lo que se transgredió el proceso legislativo y se violentaron los derechos humanos de las mujeres, establecidos en la Carta Magna y en diversos tratados y convenciones internacionales, ratificados por México, dijo.

Las reformas contravienen leyes aprobadas, de manera reciente en Chiapas, como la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, pues aunque elimina la pena de prisión a las mujeres que aborten, atenta contra nuestra dignidad la pena alternativa de “tratamiento médico integral”.

Además de solicitar al ombudsman que presente el recurso de inconstitucionalidad por las modificaciones a la legislación chiapaneca, las feministas también solicitan que se impugne las reformas realizadas, desde finales de 2008, en las leyes de 16 estados más.

En Chiapas, como ocurrió en el resto de los estados donde cambiaron las leyes con el propósito de penalizar el aborto, las y los legisladores aprobaron esta iniciativa “a espaldas de la ciudadanía e ignorando las voces de las mujeres, vulnerando así el derecho a la consulta”, refieren las organizaciones.

Además, señalan que, de manera contradictoria, las y los representantes del Congreso local sostienen que las modificaciones tienen el propósito de elevar a rango constitucional el derecho a la vida, cuando esta entidad ocupa el primer lugar en mortalidad materna y es uno de los primeros en violencia de género y feminicida en México.

En este sentido, las organizaciones firmantes, como: Marie Stopes México, Centro de Derechos Humanos de la Mujer Chiapas, y el Centro de Investigación y Acción para la Mujer, sostienen que la legislación que prohíbe el aborto, agravará “los serios problemas de salud pública y de justicia social que padecen las mujeres” chiapanecas.

FEMINISTAS EXIGEN A CNDH CONGRUENCIA

Por ello, solicitaron a Plascencia Villanueva que sea “congruente” con su labor al frente de la CNDH y proteja los derechos humanos de las mexicanas.

Las organizaciones esperan una respuesta antes del siguiente lunes en la que las instituciones den a conocer si interpondrán o no la acción de inconstitucionalidad.

Si los organismos y la dependencia local no presentan el recurso, las mujeres en Chiapas y en el resto del país continuarán amparándose en contra de estas reformas que violentan el derecho humano de decidir el número de hijas e hijos, y el momento en el que quieren ser madres.

Hasta el momento, se han presentado ante la SCJN 662 amparos a favor de la Interrupción Legal del Embarazo: 67 de Colima, 167 de Guanajuato, 115 de Puebla, 76 de Quintana Roo y 72 de Sonora, 76 en Yucatán, 60 en Campeche y 29 en San Luis Potosí.

Las firmantes, señaló Figueroa Mier, agotarán las instancias nacionales a las que puedan acudir para que echar atrás dichas modificaciones, y en caso de que las autoridades del país hagan caso omiso, los casos se llevarán, como ya lo hicieron 150 mujeres morelenses, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

09/GCJ/LR/LGL

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