El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Red de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (RADAR 4°) exigieron que se elaboren lineamientos para que la Secretaría de Salud de Quintana Roo tenga un protocolo claro para atender las causales de interrupción del embarazo permitidas por la ley en la NOM 046.
La Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046) –publicada el 16 de abril de 2009 en el Diario Oficial de la Federación- obliga a los prestadores de servicios de salud a dar anticoncepción de emergencia y practicar una interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos de violación sexual.
Sin embargo, dicha norma no se aplicó en el caso de la niña de 10 años de edad, originaria de Quintana Roo y embarazada después de ser violada por su padrastro, lo cual, según estas organizaciones, es ejemplo de una política que contraviene la Constitución y los compromisos internacionales.
Este caso -dijeron- muestra como se violentan sistemáticamente los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Por lo cual cconsideraron imprescindible que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigue este hecho y las violaciones a los derechos humanos de niñas y mujeres en dicha entidad.
Hay que recordar que el pasado 8 de abril el Senado de la república aprobó una reforma constitucional en la materia que autoriza -entre otras facultades- que la CNDH pueda presentar denuncias contra infractores e investigar violaciones graves a los derechos humanos.
IGNORANCIA DE AUTORIDADES
En conferencia de prensa, la antropóloga y feminista Marta Lamas, fundadora de GIRE, señaló que las autoridades «asustaron» a la mamá de la menor de edad, diciéndole que interrumpir la gestación podría perforarle el útero o dejarla estéril, cuando la evidencia científica comprueba que un aborto bien realizado siempre es seguro.
Dijo que este hecho sólo expresa el nivel de ignorancia de las autoridades que nunca dijeron la verdad y agregó «no nos oponemos al embarazo, si esa es la decisión de la madre, pero sí a la falta de transparencia». Por tal motivó cuestionó el desempeño del DIF estatal, por lo que GIRE pidió que se rindan cuentas de la situación y se garantice la salud y el bienestar de las niñas víctimas de violencia.
De acuerdo con Gabriela Rojo, abogada de RADAR 4°, personal del DIF estatal trasladaron a la niña y a su madre a Mérida, Yucatán, donde fue ingresada a un hospital de alta especialidad para que los médicos certificaran que el embarazo era más seguro que un aborto, de esta forma, la niña está obligada a continuar con la gestación con los riesgos que esto implica.
DESPROTECCIÓN SOCIAL
A la conferencia también asistió Lydia Cacho Ribeiro, fundadora del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM), quien dijo que si bien es cierto que durante 2009 se registraron 881 casos de menores de edad embarazadas por violación sexual; en lo que va de este año ya suman 458 los embarazos adolescentes, una cifra alarmante, declaró.
Investigaciones del CIAM, organización que ha documentado la violencia contra las mujeres, indican que una víctima de violación sexual puede ser sometida hasta a 12 interrogatorios, cada uno de entre dos y cuatro horas, además cuando el agresor es cercano al círculo familiar, los agentes del Ministerio Público recomiendan el «perdón».
La también periodista consideró que el caso de esta niña debe ser un «llamado de atención». Esto porque de 5 mil 769 denuncias de violación en dos años, sólo 73 de los culpables presos fueron sentenciados; además dijo que imponer ideas y obligar a las víctimas de violación sexual a continuar con embarazos no deseados, pone -tanto a las madres como a sus hijos- en una desprotección social y los hace víctimas fáciles para los pederastas.
10/AGM/LR/LGL
