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Exigen OSC Ley Federal de Participación Ciudadana

Por Gladis Torres Ruiz

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exigieron a los poderes del Estado y a los partidos políticos de México la creación de una Ley Federal de Participación Ciudadana que incluya plebiscito, referéndum, consulta popular y revocación de mandato, a fin de reivindicar su derecho a participar como un actor social en el espacio público.

Lo anterior se desprende del pronunciamiento emanado del Foro: Retos y Perspectivas de las Políticas para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Balance a Dos Años de Gobierno, realizado los días 20 y 21 de octubre de 2008 y convocado por Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social).

Las organizaciones participantes concluyeron que es necesaria la revisión de las Leyes Orgánicas de los Congresos, para incorporar la obligatoriedad de la consulta a la sociedad civil, previa a la expedición de Leyes y del Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro de lo social.

Demandaron el diseño y desarrollo de políticas públicas que fortalezcan y estimulen a las OSC y a los movimientos sociales y la creación de fondos públicos para las organizaciones ciudadanas civiles y sociales, «no condicionados a la ejecución de intervenciones que corresponden a los gobiernos».

Durante el Foro, organizaciones procedentes de varios estados de la República solicitaron al Congreso de la Unión convoque al gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, para que resuelva, por la vía del diálogo, el conflicto magisterial que se vive en el estado, así como el cese de todo acto de represión del movimiento con el uso de la fuerza pública y del Ejército.

En este sentido, el documento de las OSC demanda la apertura y operación de espacios de diálogo democrático y construcción de consensos a todos los niveles territoriales.

Demanda también el derecho a un trato digno y respetuoso a las reivindicaciones y movilizaciones de los maestros, por lo que exigen la liberación de las y los presos en razón de su reivindicación de derechos colectivos.

En este mismo tono reclaman el funcionamiento efectivo y eficaz de los consejos, comités y comisiones para el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas y la selección transparente y abierta a consulta pública de los representantes de la sociedad civil en esos espacios.

DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran: Incide social, Sin Fronteras IAP, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Centro de Análisis e Investigación Fundar, Red Nacional por la Inclusión y la calidad en la educación (integrada por 48 organizaciones de 12 estados), Servicios en la Juventud, por mencionar algunas, demandaron el derecho a ser consideradas como entidades de interés público y a recibir un tratamiento fiscal correspondiente.

Puntualizaron en la urgente democratización de los medios de comunicación, la creación de medios de comunicación públicos y autónomos y el acceso a ellos.

«Reclamamos el derecho a un Estado que cumpla con sus obligaciones de respetar, proteger, satisfacer y promover los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de toda la población», concluye el pronunciamiento del Foro.

NO QUEREMOS PODER, SINO DERECHOS

Al respecto, durante su participación en el evento, Clara Jusidman, investigadora de Incide Social, afirmó: «las OSC no pretendemos acceder al poder político sino defender nuestro derecho a participar en el espacio público y en el debate sobre las políticas y decisiones del poder que afectan la convivencia social y el bienestar de la población.

Lo que un sector de las OSC promovemos, defendemos y representamos, son agendas de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de grupos sujetos a discriminación como las mujeres, la infancia, los y las jóvenes, las personas adultas mayores, las poblaciones indígenas, entre otros.

Defendemos el derecho a participar en espacios de diálogo en políticas para que éstas pasen de ser políticas gubernamentales a políticas efectivamente públicas, resultantes de consensos entre la diversidad social; políticas que coloquen el interés colectivo por encima de los intereses personales y privados, subrayó Jusidman.

08/GT/VR/GG

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