La organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) alertó hoy sobre el «grave riesgo» que corren las mujeres en su derecho a utilizar anticonceptivos, luego de que el subsecretario de Gobernación Lauro López, anunció que se podría modificar la política de población con el fin de aumentar la tasa de natalidad en México.
La dirigente de CDD, María Consuelo Mejía, dijo a Cimacnoticias que en México el 76 por ciento de las mujeres en edad reproductiva usan métodos anticonceptivos modernos, y advirtió sobre la posibilidad de que el Ejecutivo federal pretenda negar ese derecho a las mujeres, estipulado en el artículo cuarto constitucional.
Decenas de integrantes de CDD y grupos ciudadanos como el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población y Salud Integral para la Mujer, entre otras redes civiles, acudieron hoy a la Secretaría de Gobernación (SG) para entregarle a su titular, Carlos Abascal, una carta para manifestarle su «extrañamiento» por las declaraciones de Lauro López.
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG dijo la semana pasada –durante la conmemoración por el Día Mundial de la Población-, que ante las elevadas tasas de mortalidad y migración que registra el país se podrían replantear las políticas demográficas, para fomentar el crecimiento en el número de habitantes.
En la misiva, los grupos civiles advierten que «la esencia de la política de población, (que) es proteger el derecho de las personas a decidir de manera libre sobre su reproducción, no cambia, ni puede hacerlo, porque se trata de derechos humanos universales».
En entrevista, María Consuelo Mejía lamentó que con sus declaraciones Lauro López «desconozca» el artículo cuarto de la Constitución, en el cual se establece que todas las personas y parejas tienen el derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas, recordó.
Igualmente, «se están desconociendo 30 años de una de las políticas mas constantes y congruentes que ha tenido el Estado mexicano (el control de la natalidad), y que además ha sido parte de los compromisos que México firmó en las Conferencias Mundiales de Población en El Cairo (1994) y de la Mujer en Beijing (1995).
Además es parte integral de las políticas de desarrollo social, subrayó María Consuelo Mejía, con lo que de cambiar las políticas de población, el gobierno mexicano estaría violentando estos acuerdos internacionales.
«Pero sobre todo a nosotras nos preocupa muchísimo que esta afirmación es una especie de signo de lo que nos esperaría si tuviéramos otro gobierno panista», alertó. En ese sentido, apuntó que en los estados donde gobierna el Partido Acción Nacional existe un mayor desabasto de anticonceptivos.
La feminista exigió al secretario Abascal una explicación al respecto, y consideró que la pretensión de las autoridades podría ser limitar la distribución y el acceso de las mujeres a los diversos anticonceptivos. «En el fondo puede estar la intención de que las mujeres nos quedemos solamente en nuestras casas teniendo los hijos que Dios nos mande».
Y criticó: «No puede ser que en el siglo XXI un gobierno como el mexicano pueda estar siquiera pensando en revertir las políticas de población» y la actitud del funcionario demuestra «el conservadurismo que hay en este momento en la Secretaría de Gobernación, donde no ha sido posible diferenciar las creencias religiosas con la función publica».
En la carta, los grupos civiles advierten además que la obligación del gobierno federal de garantizar los derechos reproductivos de la población «no se está cumpliendo». Ponen como ejemplo que en las comunidades rurales e indígenas más de una de cada cinco parejas en edad fértil, se encuentra con demanda insatisfecha de medios de planificación familiar.
Abundan que la «demanda insatisfecha» de anticonceptivos en mujeres unidas entre 15 y 19 años es de 16 por ciento y en mujeres unidas entre 20 y 24 años es del 14 por ciento, en comparación con el promedio nacional de 8 por ciento.
«Este rezago afecta principalmente a las mujeres más pobres del país. Las mujeres unidas de habla indígena tienen una demanda insatisfecha de 25.1 por ciento en comparación con el 6.4 por ciento de aquellas mujeres que no hablan ninguna lengua indígena», concluyen.
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