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Falleció Terri Schiavo hoy por inanición

Por Sonia Osorio

Mientras Terri Schiavo se ha consumido por inanición, su dramático caso se ha convertido en el más reciente campo de batalla entre quienes defienden el derecho a la vida o a morir de los enfermos terminales.

En un bando de este conflicto por la vida de Terri, que murió hoy a las dos semanas de retirarle la alimentación asistida y tras quince años en estado vegetativo, se situaron los sectores más conservadores, contrarios a la eutanasia, el aborto o el matrimonio entre homosexuales.

Estos grupos también propugnan que las leyes de la sociedad deben, de alguna manera, reflejar los valores establecidos por el cristianismo.

Del otro lado de la pugna se colocaron quienes consideran que se deben respetar las decisiones de las personas, incluyendo el “derecho a morir”.

Los primeros trataron de evitar la lenta muerte de Schiavo, apoyando enardecidamente a los padres de la mujer en su frenética lucha judicial por el “derecho a la vida” de su hija y en contra de su yerno, Michael, que solicitó autorización de los tribunales para retirarle la sonda por la que recibía alimentos y fluidos.

Michael Schiavo siempre ha argumentado que su esposa le comunicó que prefería morir antes que pasar el resto de su vida en estado vegetativo.

Focus on the Family, uno de los grupos cristianos más influyentes en EEUU, está entre las organizaciones que instaron a revisar las decisiones legales y los diagnósticos médicos que permitieron al esposo de la mujer desconectarla de la sonda.

Cuando el juez principal del caso, George Greer, autorizó el 18 de marzo retirar el tubo que alimentaba a Schiavo, el fundador y presidente de Focus on the Family, James Dobson, apremió al Congreso a no permitir que se cometiera esa “injusticia”.

“Terri Schiavo no ha hecho nada para merecer la condena a muerte que recibió del juez George Greer. Es una mujer discapacitada, sólo culpable de haberse casado con un hombre que no ha tomado seriamente sus votos de amarla y protegerla hasta que la muerte los separe”, dijo Dobson.

Analistas jurídicos consideraron que la presión de los conservadores, en parte, obligó al Congreso y a la Casa Blanca a intervenir en el caso, suscitando a su vez una controversia sobre lo que fue calificado como una violación al principio constitucional de la separación de poderes.

“En un esfuerzo por bloquear la orden de poner fin a la alimentación artificial de Schiavo emitida por un tribunal de Florida, los republicanos urdieron mecanismos sin precedentes para que el Congreso interfiriera en un caso judicial”, dijo Erwin Chemerinsky, profesor de derecho de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte.

Para el académico, ese “esfuerzo viola los principios constitucionales fundamentales del federalismo y la separación de los poderes”.

“La acción del Congreso es inconsistente con las más elementales nociones de los derechos de los estados y la autonomía de los tribunales estatales”, agregó.

Pero no todos los religiosos salieron en defensa de los padres de Schiavo.

El obispo evangélico pentecostal Carlton D. Pearson, de Higher Dimensions Family Church, en Oklahoma, atribuyó la intervención del Legislativo y Ejecutivo a “complacer” a los ultraconservadores, en parte por su “extraordinaria presencia e impacto en las elecciones de 2004”, ganadas por el actual presidente, George W. Bush.

Muchos estadounidenses tampoco aprobaron la interferencia del Congreso, del presidente Bush o de su hermano Jeb, el gobernador de estado de Florida.

Una encuesta de CBS indicó que para el 82 por ciento de los consultados tanto los legisladores como el Gobierno debían haberse mantenerse fuera del caso.

Esta fue una posición que compartieron los sectores laicos, los otros protagonistas de la guerra por la suerte de Schiavo, quien cayó en un estado vegetativo permanente tras sufrir en 1990 un infarto debido a una bajada de potasio por una severa dieta.

Para estos grupos, muchos de ellos de tendencia liberal, el asunto era un delicado tema familiar y la decisión debía ser asumida por el individuo sin la intromisión del Estado.

El debate sobre el derecho a vivir o morir continuará en un país polarizado, pero del caso parece surgir una lección: la necesidad de expresar claramente a sus familiares sus deseos en circunstancias similares a las de Schiavo y plasmarlas en un documento.

* corresponsal de EFE

2005/SO/MR

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