El abogado laborista Manuel Fuentes Muñiz señaló que, de comprobarse la existencia de actas de defunción de mineros levantadas por los gobiernos federal y estatal, darán vista a las procuradurías para que respondan, porque están haciendo que un médico constate la muerte de los mineros sin tener un cuerpo, lo cual no es posible.
El abogado añadió que el gobierno del estado estaría tramitando actas de defunción totalmente ilegales, firmadas por un médico, quien estaría asegurando que le constan las causas de muerte. Hecho lamentable, pues para que un médico pueda dar la fe de la muerte de una persona tiene que tener el cuerpo presente o que un juez haga la declaración de presunción de muerte.
Denunció además que unas 54 familias de los mineros fallecidos en la mina número 8 de Pasta de Conchos han sido obligadas a firmar documentos mediante presiones por parte de funcionarios del gobierno estatal y federal, quienes llegan hasta sus casas y con engaños obtienen la firma de documentos que comprometen a las familias de los trabajadores, en vez de investigar las muchas irregularidades en que incurrió Industrial Minera México al no tomar medidas de seguridad e higiene y provocar la tragedia de hace un año.
En entrevista con Cimacnoticias, el abogado Fuentes Muñiz sostuvo que en el estado de Coahuila, como en otras entidades del país, el Código Penal no tipifica delitos en materia de seguridad social, sobre todo cuando se da la muerte de un trabajador y ésta es resultado de la responsabilidad directa de los empresarios. En cambio, sí es delito grave robarse o al menos intentar robarse una vaca.
El abogado, del equipo Nacional de Pastoral Laboral, dijo que los grupos legislativos no son capaces de generar los cambios legales que se requieren para proteger a los mineros.
En cambio, dice Fuentes, sí estuvieron atentos para permitir la explotación de gas grisú para uso particular (un subproducto de la explotación de carbón, cuya recuperación por las empresas concesionarias se permite desde 2003), tan sólo dos meses después de la explosión que terminó con la vida de 65 carboneros en Pasta de Conchos. Fue otro gran logro para el grupo Industrial Minero México SA.
Una vez más los legisladores protegen al capital privado, hacen leyes que sí salvagardan a los animales, incluso, pero no hacen nada para favorecer los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos.
El abogado habló de las muchas irregularidades de la empresa, pero también recordó que instancias como la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social incurrieron en múltiples omisiones administrativas que derivaron en la muerte de los mineros.
A un año de la tragedia, las cosas están al revés, los familiares son engañados por funcionarios de los gobiernos estatal y federal, lo cual es un acto vergonzoso, dijo el abogado.
Expuso que las familias de Pasta de Conchos han sido presionadas de varias maneras: Recientemente el presidente de la Junta Especial número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje dijo que era importante que los familiares presentaran una demanda, porque de acuerdo al Artículo 300 de la Ley de Seguro Social las acciones de riesgo de trabajo prescriben al año y entonces corrían riesgo los derechos de los familiares.
El mismo funcionario, agregó Fuentes Muñiz, también señaló que en julio del año pasado la empresa depositó más de cuatro millones de pesos por concepto de finiquitos y que nadie había pasado a recoger este dinero, dando a entender que este dinero se podría perder. Lo único cierto es que tanto los abogados del gobierno estatal como federal están engañando a los familiares.
Fuentes Muñiz dijo que estos servidores públicos visitan casa por casa, diciendo mentiras.
Sin embargo, aseguró que la afirmación del funcionario es incorrecta: no es posible jurídicamente que corra ninguna prescripción en contra de los familiares, la ley es clara, para que pueda correr la prescripción en perjuicio de una persona en lo que se refiere a riesgos de trabajo, primero tiene que aparecer el cuerpo de la persona, de lo contrario no será posible.
Dijo que una segunda posibilidad que establece el Código Civil de Coahuila es que, cuando ocurre un siniestro como el de Pasta de Conchos y no hay resultados en la búsqueda de los cuerpos, tienen que transcurrir año y medio para que un juez declare la presunción de muerte, pero ésta tiene que ser solicitada por la parte interesada. Mientras, no puede ocurrir el término de prescripción.
En ese sentido, retó a cualquier abogado para que lo desmientan, pues no corre el término en perjuicio de los familiares en tanto no aparezcan los cuerpos, en este caso de los mineros. Por ello consideró delicado que funcionarios estatales y federales visiten incluso a las viudas y familiares en sus propias casas. Eso me parece una ofensa.
En cambio, dijo, los gobiernos deben responder por lo que ha hecho Industrial Minera México y que el gobierno federal responda por no cumplir con sus responsabilidades, empezando por el ex titular de la Secretaría del Trabajo Francisco Salazar y su antecesor, Carlos María Abascal, quienes incurrieron en responsabilidades, pues no cumplieron con su tarea de vigilar a las empresas.
07/SJ/GG/CV
