En cinco años, la violencia feminicida en el estado de Morelos se ha duplicado y a pesar de que ese delito ya se tipificó en la legislación local, prevalece la impunidad en los procesos judiciales y sigue pendiente un protocolo de investigación eficaz contra este crimen.
En un comunicado, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) denunció que en la entidad existe indiferencia institucional ante la ola de asesinatos de mujeres.
En su reporte, la CIDHM detalla que en los últimos 11 años se han registrado 310 casos de feminicidio en el estado, 122 de los cuales ocurrieron del 2000 al 2005.
En el 2006 se tuvo constancia de 20 homicidios de mujeres; en el 2007 el número aumentó a 29; en el 2008 la cifra creció a 31; en el 2009 se documentaron 36 casos, y hasta octubre del 2010 eran ya 40. En los primeros siete meses del 2011 se han contabilizado 18 asesinatos.
Según CIDHM los crímenes ocurrieron en 18 de los 33 municipios que conforman el estado: Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Xochitepec, Temixco, Jojutla, Zacatepec, Tlaltizapán, Jonacatepec, Jantetelco, Puente de Ixtla, Huitzilac, Tepoztlán, Ciudad Ayala, Emiliano Zapata, Miacatlán y Amacuzac.
JUSTICIA PENDIENTE
En julio pasado, el Congreso de Morelos aprobó la tipificación del feminicidio en la entidad al reformar el artículo 213 fracción quinta del Código Penal local. Se estableció que «comete el delito de feminicidio quien por razones de género, prive de la vida a una mujer».
En su momento la CIDHM aplaudió la tipificación como un primer paso para combatir el flagelo, aunque advirtió que «el tema no se reduce al incremento de (aumentar la) penalidad (de 30 a 70 años) sino a todo el proceso que se debe seguir».
En la página de la organización, Juliana García Quintanilla, representante de la CIDHM, subrayó que en muchos casos de feminicidio prevalece la impunidad en su esclarecimiento.
«Esta violencia institucional se hace evidente en las fallas para atender debidamente los procesos judiciales, crear leyes, atender protocolos de investigación», expuso la defensora de los Derechos Humanos.
El pasado 2 de septiembre el gobierno de Morelos promulgó las reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado que tipifican el delito de feminicidio.
De acuerdo con el decreto, la Procuraduría de Justicia estatal deberá emitir en un plazo no mayor a 180 días naturales los protocolos para la investigación de desapariciones, y en un plazo no mayor a 60 días naturales emitir los lineamientos de investigación de los asesinatos de mujeres.
García Quintanilla consideró que el gobierno del estado ha sido «omiso» en el cumplimiento de esta ley, toda vez que el Ejecutivo local «no ha sido capaz de vincular la acción de todas las autoridades para erradicar la violencia contra las mujeres… ni la Secretaría de Gobierno rediseña las acciones, medidas y modelos necesarios para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres».
CASO CELIA MUÑOZ
La CIDHM puso como ejemplo de impunidad judicial el asesinato de Celia Muñoz, ocurrido hace nueve años en el municipio de Jiutepec. La organización expuso que se tiene preso al acusado y existen pruebas fehacientes del crimen, pero hasta la fecha aún no se dicta sentencia.
En el expediente número 127/2010, radicado en el juzgado segundo penal de primera instancia del primer distrito judicial del estado de Morelos, se asienta que:
«…Se tiene plena y legalmente confirmada de manera definitiva la responsabilidad penal en contra del procesado Goven Hernández Martínez en la comisión del delito… existen una serie de indicios contundentes, así como diversas diligencias que corroboran que el conjunto de actuaciones legales de cargo tienen un carácter veraz y efectivas para… efecto de condenar al citado homicida».
Por ello, Juliana García llamó a las autoridades judiciales «a que se realice una buena revisión de los expedientes y en el caso en mención particularmente llamamos a que el juez Alejandro Hernández Arjona, del Juzgado Segundo, considerando el tiempo que se tiene, atiendan todas y cada una de las pruebas presentadas por las víctimas, para que se declare la culpabilidad y sentencia correspondiente y no quede en la impunidad este feminicidio como tantos otros en Morelos».
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