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Fiscal se compromete a que agresor sexual no quede impune

Por Anaiz Zamora Márquez
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El fiscal general del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, se comprometió con la defensora mexiquense Gabriela Sánchez López a supervisar que Ricardo Meneses Cervantes, quien en 2010 violó sexualmente a su hija, sea juzgado por este delito y no por el de estupro y corrupción de menores, como procedieron las autoridades judiciales de la entidad.  
 
Ello luego de que el pasado 4 de junio la defensora sostuviera una huelga de hambre frente a la sede de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para exigir a las autoridades actuar con la debida diligencia, ya que el violador de su hija fue juzgado por estupro pese a todas las pruebas que demostraban la violación. 
 
El pasado 14 de mayo, Ricardo Meneses fue sentenciado a tres años un mes de prisión por estupro y corrupción de menores y no por violación sexual. La activista denunció que las pruebas periciales que demuestran la violación no fueron incluidas en el expediente del caso. En tanto, el agresor está en libertad debido a que se amparó ante la sentencia, explicó Sánchez López. 
 
Vía telefónica, la defensora relató que el pasado miércoles 18 de junio se trasladó a Jalisco acompañada de representantes de la CEAV, para reunirse con el fiscal e informarle sobre las supuestas irregularidades del caso.  
 
Tras ocho horas de ayuno, la CEAV se comprometió con Gabriela a gestionar un encuentro con el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero no se concretó y en su lugar la defensora humanitaria se reunió con Luis Carlos Nájera y con Lizbeth del Carmen Hernández Navarro, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía del estado.
 
De acuerdo con la dirigente de la organización civil Madres Afortunadas, Nájera Gutiérrez se comprometió a llamar a los magistrados del estado para “hacerles saber que el delito por el que se debe juzgar es violación y que deben tomar en cuenta la discapacidad visual y mental que padece” la hija de la activista.
 
También hizo el compromiso expreso de investigar y sancionar a los agentes del Ministerio Público (MP) que incurrieron en irregularidades y en su caso “sancionar al juez” que dictó la sentencia por estupro.
 
Por ello, pidió a Sánchez López “poner todo en manos de la fiscal de Derechos Humanos”. Hernández Navarro pidió a la defensora volver la próxima semana a Jalisco para establecer los acuerdos por escrito, pues el pasado miércoles “sólo le dieron su palabra, ya que  teníamos el tiempo limitado para volver ese mismo día a la Ciudad de México”.
 
DESLINDE DE LA CEAV
 
En tanto, Rubén Vasconcelos Méndez, asesor jurídico federal de la CEAV, en entrevista con Cimacnoticias, negó que la dependencia federal haya tenido una mala actuación en la representación jurídica de Gabriela.
 
Argumentó que la reclasificación del delito ocurrió antes de que la defensora se acercara a la entonces Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima), desaparecida por decreto presidencial para dar paso a la creación de la CEAV este año.
 
“Cuando tomamos el caso como Comisión el asunto ya estaba adelantado y se dictó auto de formal prisión porque el juez no consideró que se conformara el delito de violación sexual”, explicó Vasconcelos Méndez.
 
Aseguró que tras la sentencia están colaborando con el MP para impulsar que se reclasifique el delito y se emita una sentencia por violación sexual. El MP ya apeló la sentencia por estupro.
 
De acuerdo con el abogado, en todo momento hubo activa actuación de la CEAV, pues se presentaron varias pruebas ante el juez e incluso el MP integró la acusación por violación, pero el juzgador dictó una sentencia por estupro y corrupción de menores.
 
Por ello Rubén Vasconcelos aseguró que Gabriela “está satisfecha con la actuación y la orientación que ha recibido del área jurídica de la Comisión”, y se dijo sorprendido de que la activista tomara la “drástica decisión” de iniciar una huelga de hambre.
 
Agregó que la defensora “de ninguna manera manifestó una queja acerca del trabajo jurídico del asesor que la representaba y de ninguna manera presentó de manera formal una queja por la actuación”, por lo que no se investigará si quienes representaron a Gabriela cometieron irregularidades o tuvieron un mal desempeño.
 
Es de mencionar que una de las exigencias de la defensora durante su ayuno era el cambio de asesor jurídico, pues ella consideraba que no era sensible con su caso. 
 
De acuerdo con Vasconcelos, la situación y demandas de Gabriela “rebasan lo estrictamente jurídico”, pues solicita medidas de protección y de educación para su hija que no están en manos del área que él representa.
 
“No tenemos facultades para decidir sus medidas de protección como área jurídica, por ello, en lo que a mí respecta el asunto fue bien atendido, ella no tiene ninguna queja”, sostuvo.
 
Finalmente aseguró: “CEAV ha hecho todo lo que está a su alcance para que esté satisfecho su derecho a ser atendida como víctima”.
 
Desde el pasado 17 de junio las patrullas que resguardaban la integridad de la defensora, quien ha sido víctima de constantes ataques e intentos de asesinato por haber denunciado la violación de su hija, no se han presentado en su domicilio.
 
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