El pasado 28 de mayo entró en funcionamiento en México el Fondo de Aborto para la Justicia Social MARÍA: Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento, con la finalidad de brindar apoyo informativo y acompañamiento a las mujeres que tengan la necesidad de realizarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Y a las no residentes del Distrito Federal, además de información y acompañamiento, se les da apoyo para viajar y acceder al procedimiento en la capital del país, informa la página electrónica del Fondo www.redbalance.org/maria.
En México, la ILE ya no está permitida en todas las entidades en caso de violación y cuando corre riesgo la vida de la mujer, o en malformaciones del producto, pues estas causales se han considerado delitos debido a que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cambiaron las constituciones locales bajo el argumento de «proteger la vida desde el momento de concepción (sic)», con lo cual hasta el dispositivo intrauterino (DIU) y la anticoncepción de emergencia (PAU) serán también consideradas delito.
Sólo en el Distrito Federal está permitida libremente hasta las 12 semanas de gestación, desde 2007.
El fondo MARÍA forma parte de la Red Nacional de Fondos de Aborto de Estados Unidos (NNAF), y surge para atender la necesidad que tienen las mujeres de acceder a la ILE, y no tienen la capacidad de cubrir los gastos que implica, como el traslado a la Ciudad de México y el hospedaje, en caso de no ser residentes.
Los objetivos del Fondo son proporcionar ayuda financiera a las mujeres para cubrir los gastos previamente mencionados, y que puedan pagarlos total o parcialmente después, aunque esto no es obligatorio, brindar acompañamiento a las mujeres que así lo necesiten, ya sea de manera parcial o total, incrementar la conciencia entre las mujeres del derecho que tienen a acceder a un aborto legal, y fortalecer relaciones solidarias entre las mujeres para defender su derecho a un aborto seguro.
Y es que en México, a pesar de que la ILE está permitida en caso de violación en todos los estados de la República, a menudo las mujeres enfrentan dificultades para acceder a estos servicios.
De acuerdo con Angela Heimburger, investigadora para las Américas de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch, en el estado de Guanajuato, las autoridades han denegado todas las solicitudes de aborto por violación en los últimos 8 años, sólo en el 2008 se presentaron 126 denuncias por violación, 51 en contra de menores. Además, en los últimos 8 años se han condenado a 130 personas bajo cargos de aborto.
«María» una joven de 19 años del estado de Guanajuato que tomó pastillas para provocarse un aborto y tuvo que ser hospitalizada por complicaciones, denuncia que fue fuertemente criticada por el personal médico que la atendió, quienes además al momento en que ella expulsó al feto, sacaron sus celulares y le tomaron fotos sin autorización, la denunciaron ante el ministerio público, y ahora enfrenta un proceso penal, «me hicieron sentir como si yo no valiera nada», dijo en entrevista a Human Rights Watch.
Este tipo de casos se repiten a todo lo largo del país, principalmente entre las mujeres con menores recursos económicos, por eso la importancia de iniciativas como MARÍA, que evitan que las mujeres sean doblemente discriminadas.
Otro caso similar es el de una mujer que recientemente ingresó al «Hospital de la Mujer» en Hermosillo, Sonora, con un aborto incompleto, y a pesar de que se le practicó el legrado, fue hostigada y denunciada ante el ministerio público. Personal del hospital, puso el feto en una bolsa y se lo mostraba mientras la acusaba de haber hecho algo muy malo, además tomaron fotografías de sus genitales, acto que no tiene ninguna justificación.
Organizaciones como Human Rights Watch cuestionan el hecho de que los prestadores de servicios de salud presenten denuncias de mujeres cuando sospechan que éstas se han practicado un aborto, y que generalmente acuden a los servicios médicos para atenderse por complicaciones derivadas de éste.
«La Secretaría de Salud de Guanajuato debe garantizar que el personal médico bajo su responsabilidad se capacite en el respeto por los derechos humanos de las mujeres y que se impidan abusos que atenten contra su bienestar, tales como denunciarlas a la policía, expresó Heimburger.
El endurecimiento de las leyes en contra del aborto, hacen que cada vez un mayor número de mujeres busquen acceder a este derecho en el Distrito Federal, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), más del 20 por ciento de las mujeres que han accedido a la ILE en la entidad, provienen de otros estados.
Para acceder a los servicios que brinda MARÍA, es necesario llenar una solicitud, donde las mujeres informan de su situación de manera confidencial, y si pueden o no pagar el servicio y en qué plazo. Esta solicitud se encuentra en la página de Internet www.redbalance.org/maria, dónde también se pueden realizar donaciones para apoyar a las mujeres que requieran de estos servicios.
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