Defensoras de Derechos Humanos (DH) denunciaron que la activista indígena hondureña Berta Cáceres fue encarcelada por oponerse a la construcción de una presa, lo que a decir de activistas demuestra que el gobierno del país centroamericano está al servicio de los empresarios involucrados en la destrucción de los ríos.
El pasado viernes un juzgado hondureño confirmó el auto de formal prisión contra la dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, acusada de usurpación, coacción y daños a la empresa DESA, encargada de un proyecto hidroeléctrico en territorio de la etnia lenca.
La Organización Fraternal Negra Hondureña y agrupaciones de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras se pronunciaron contra el encarcelamiento de la defensora, quien es acusada junto con Tomás Gómez Membreño y Aureliano Martínez, también opositores a la presa.
Las organizaciones denunciaron que además del asesinato de Tomás García –también contrario al proyecto hidroeléctrico– el pasado 15 de junio, DESA, junto con la empresa Sinohydro, exigieron la prisión de Cáceres como “una muestra de sumisión a la dictadura civil” que, según los activistas, maneja el país.
Señalaron que la oposición del pueblo lenca a la destrucción de sus ríos es una resistencia al saqueo sistemático de los territorios indígenas y sus bienes comunales, y arremetieron contra el presidente hondureño, Porfirio Lobo, quien –aseguraron– en vez de combatir la criminalidad encarcela a quienes protegen sus tierras.
Agregaron que los ministerios creados en la actual administración no defienden los derechos del pueblo, porque se han convertido en cómplices de las masacres y asesinatos de indígenas. Ante ello exigieron la liberación de Berta Cáceres y la suspensión de la construcción de la represa de Agua Zarca.
13/AGM/RMB
Formal prisión a indígena opositora a presa en Honduras
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