El temor a represalias, a la agresión a los hijos, al encarcelamiento de la pareja, a la privación económica y la falta de orientación por parte de abogados, así como el maltrato de los servidores públicos, son algunos factores que desalientan a las mujeres a denunciar la violencia intrafamiliar.
Así lo aseguró la directora de la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres (Covac), Patricia Duarte Sánchez, durante su participación en el seminario «Diagnóstico sobre la prevención y atención de la violencia familiar en el Distrito Federal: legislación, instituciones y alternativas de solución».
En la reunión organizada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Duarte Sánchez dijo que las mujeres se enfrentan a un verdadero vía crucis cuando son víctimas de violencia, pues los prejuicios en la aplicación de las leyes en esta materia generan impunidad y corrupción.
Además, indicó, en las Unidades de Atención a la Violencia (Uavi) no se lleva un seguimiento de los casos entre los sistemas de procuración de justicia, por lo que las mujeres deben repetir de tres a cuatro veces su historia de violencia, además de los ocho procesos jurídicos a los que se tienen que enfrentar.
La ignorancia y la poca sensibilidad provocan la discrecionalidad en la aplicación de las leyes, dijo después en breve entrevista. Apuntó que si alguien se ve afectada por la corrupción son las mujeres, y consideró que el problema de las leyes es cómo se aplican.
Consideró como buena la iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para homologar el tipo penal de la violencia contra las mujeres, de manera que rija a todos los estados del país.
En cuanto al Código Penal para el Distrito Federal, que hoy entró en vigor, la también integrante de la campaña «Por una vida sin violencia» criticó las recientes modificaciones pues, dijo, la ampliación de la sanción para quien presencie violencia familiar y no la denuncie nuevamente pone en desventaja a las mujeres.
Dijo que actualmente no existen denuncias de violencia familiar en las agencias del Ministerio Público, mientras que en las Uavi son muy pocos los procedimientos que llegan a multa o detención.
Reconoció la labor que realizan las Uavi en la atención emocional a las víctimas de la violencia, pero consideró que de manera paralela deben atender los procesos jurídicos, en lo que dichas instancias no han tenido avances. Las Uavi «funcionan a medias», expresó.
Finalmente, Patricia Duarte hizo un llamado para simplificar los procedimientos legales tanto en el DF como en las otras entidades del país, así como para establecer políticas públicas laborales a favor de las mujeres que les permitan evitar la dependencia económica hacia los hombres.
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