Aunque durante 2010 y 2011 se asignaron 20 millones de pesos para capacitar y sensibilizar al personal del Sistema Nacional de Salud en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM-046) «Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres», los cursos y talleres no han dado resultados, ya que los prestadores de servicios no brindan atención integral a las sobrevivientes de este delito.
De acuerdo con una solicitud de información hecha al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), a través del Instituto de Acceso a la Información Pública sobre el presupuesto destinado a la aplicación de la norma, en estos dos años se destinaron 20 millones de pesos en cursos y talleres de capacitación al personal de Salud para que conociera y llevará a cabo los lineamientos de la NOM 046. Se otorgaron 10 millones de pesos en 2010 y 10 millones de pesos en 2011.
En contraste, en el reciente informe «Atención de las mujeres víctimas de violación en las Secretarías de Salud de 10 estados», realizado de junio de 2010 a junio de 2011, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denuncia que en ese periodo el personal incumplió la norma, al no informar ni ofertar métodos y tratamiento para que las víctimas evitaran un embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual (ITS).
Por ejemplo, en Durango, donde se registraron 176 casos de violación y se brindó información acerca de la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE), únicamente se proporcionó al 2.8 por ciento de las sobrevivientes de este delito.
Mientras que en Aguascalientes, Coahuila y Sinaloa, donde respectivamente se atendieron a 13, 41 y 29 mujeres víctimas de violación, las dependencias de salud no les proporcionaron información de la PAE, ni de los tratamientos para prevenir ITS, incluido el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
El OCNF documentó la aplicación de la NOM-046 en las secretarías de Salud de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa, donde en total se registraron mil 689 casos de violencia sexual.
En estas entidades, el personal a cargo carece de datos sistematizados y desagregados acerca de la atención que «brindan» a estas mujeres.
Muestra de ello, es que la mayoría desconoce el número de mujeres que resultaron embarazadas producto de una violación, el número de mujeres que solicitaron un aborto legal y a quienes se les autorizó.
La falta de información tiene que ver con que el personal de salud no investiga correctamente las implicaciones reproductivas de una violación, refiere el OCNF.
Este hecho es preocupante porque en las mujeres que sufren violencia sexual el riesgo de tener un embarazo no deseado o de adquirir ITS, como VIH, aumenta de manera considerable, refiere el análisis del Observatorio Ciudadano.
Por ello, es fundamental aplicar la NOM-046 ya que garantiza a las sobrevivientes de este delito, el acceso a la PAE para evitar un embarazo, a servicios de aborto legal en caso de embarazo, así como el procedimiento de profilaxis para prevenir ITS, como el VIH.
No obstante, pese a la importancia de esta norma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2009 y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27 de mayo de 2010, «no se instrumenta de manera correcta», concluye el informe del OCNF.
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