A pesar de la implementación del Seguro Popular (SP), las y los mexicanos siguen gastando en servicios de salud y medicamentos, debido a que la inversión pública es baja, los recursos destinados no se utilizan de forma eficiente, y a que el sistema no tiene mecanismos adecuados de rendición de cuentas.
Mariana Pérez, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló que una proporción «muy grande» (el 47.21 por ciento en 2010) del financiamiento en salud recae en la población, principalmente la que carece de seguridad social.
«La predominancia del gasto de bolsillo (proporción del gasto que la familia destina a la atención de su salud) nos habla de que se está contraviniendo la universalidad del derecho a la salud», indicó la especialista en un taller dirigido a organizaciones civiles promotoras del derecho a la salud sexual y reproductiva.
Según los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la universalidad de este derecho no puede medirse sólo mediante el número de personas afiliadas, como lo señala el gobierno federal, pues su registro no rompe con las barreras económicas que deben afrontar para tener acceso a la salud, pese a contar con el SP.
Durante los primeros seis años del SP, la Secretaría de Salud (Ss) se propuso reducir el gasto de bolsillo de 51 por ciento en 2006 a 44 por ciento en 2012, pero debido a la lenta disminución, en 2010 se situó en 47.21 por ciento. Por lo que la dependencia reconoció que la meta para este año «es un compromiso difícil de cumplir».
Mariana Pérez abundó que México al ser un país en desarrollo debería tener un gasto de bolsillo de 40 por ciento, en contraste con países con un sistema de salud sólido donde este gasto apenas representa el 15 por ciento para las familias.
La poca reducción del gasto de los hogares en salud, se debe a diversos factores, entre los que destacan la baja inversión del gobierno mexicano, el deficiente uso de los recursos destinados, y la falta de mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas.
En 2003 México invirtió en la salud de la población 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); para 2010, ya con el SP, incrementó este recurso 0.5 por ciento, ubicándose en 3.1 por ciento del PIB nacional.
El presupuesto que el país asigna a la salud es hasta tres veces menor al porcentaje del PIB que destinan otras naciones para garantizar este derecho a su población, como Cuba (10.9 por ciento), Uruguay (9 por ciento), Costa Rica (5.2 por ciento), y Nicaragua (5 por ciento).
DISPENDIO
La investigadora señaló que no sólo se trata de destinar cada vez más recursos, sino de «hacer un uso eficiente en términos económicos del gasto, sin corrupción».
Y es que según reportes de la Auditoria Superior de la Federación, en la adquisición de medicamentos «los estados hacen un dispendio impresionante, compran a precios referenciales mucho más altos a los establecidos por la Ss, porque ahí está involucrado el sector privado».
Al adquirir los medicamentos a un costo más alto, disminuye la cantidad de insumos que adquieren. Esta situación «deriva en un desabasto de medicamentos que obliga a las personas a realizar un gasto de bolsillo», y en el peor de los escenarios las personas sin recursos no adquieren las medicinas aunque su estado de salud se deteriore.
A lo anterior se suma que el SP carece de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que permitan medir su desempeño con indicadores que revelen si se ha mejorado o no la salud de la población que carece de seguridad social.
Mariana Pérez concluyó que «el Estado no está cumpliendo a cabalidad con su responsabilidad de garantizar la accesibilidad económica a la salud».
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