Hechos ocurridos durante las tres primeras semanas de mayo en Guatemala muestran el carácter de mano dura del gobierno actual y quienes son los responsables de generar confrontación social.
Ignorar las demandas de la población indígena y campesina, desdeñar las problemáticas históricas que viven las comunidades rurales, y priorizar el establecimiento de un estado de sitio en lugar de diálogos respetuosos sin duda generan confrontación.
La ingobernabilidad tiene varias definiciones, pero lo cierto es que es una manifestación de inconformidades y tensiones, es decir, la existencia de conflictos entre el Estado y la sociedad civil.
Dejar en suspenso las garantías individuales es una acción que reprime en tanto prohíbe el ejercicio de la ciudadanía. La gobernabilidad entendida como la ausencia de protesta o crítica social es mano dura.
La ingobernabilidad en los municipios de Santa Cruz Barillas y Huehuetenango (fronterizo con México), no la generaron los ahora presuntos culpables de agresiones y destrozos ni las manifestaciones de inconformidad ciudadana.
Los responsables son las manos duras: las entidades estatales que únicamente velan por el interés de una empresa española exportadora de energía, toleran la presencia de guaruras privados que intimidan a personas organizadas, e ignoran el resultado de consultas comunitarias.
Se equivoca el mandatario cuando piensa que la gobernabilidad retornó a Barillas porque a través de las fuerzas de seguridad inhibe las manifestaciones de rechazo a la construcción de una hidroeléctrica.
Una verdadera convivencia democrática implicaría evitar que se destruya el medio ambiente, no permitir que un interés privado extranjero esté por encima de los reclamos de la mayoría de mujeres y hombres de ese municipio, así como impedir que una empresa atente contra el bien común establecido como principio constitucional y, sobre todo, reconocer la existencia de otros sujetos políticos, ya que desdeñar las visiones indígenas representa una confrontación racista.
La gobernabilidad además significa garantizar la libertad de expresión y el libre acceso a la información. El papel que vienen jugando algunos voceros empresariales, con vestiduras de periodistas o columnistas, cuya intencionalidad primordial es criminalizar las protestas sociales, así como descalificar otras visiones de desarrollo que ponen en el centro la vida de las personas y la protección de la naturaleza, también genera confrontación.
Sus versiones no sólo justifican un modelo a favor del capital, que es su derecho, sino fomentan la mano dura al tergiversar informaciones y hechos. La gran influencia de los medios masivos de comunicación tiene que ser considerada si se quiere fortalecer la gobernabilidad. Seguir excluyendo a las voces críticas o continuar considerando un crimen las protestas sociales, definitivamente alienta la confrontación.
Cabe entonces resaltar la declaración del Consejo de los Pueblos de Occidente, tras conocer el anuncio del levantamiento del estado de sitio en Santa Cruz Barillas: "Valoramos que el Presidente de la República haya recapacitado en su decisión y ojalá comprenda que no se puede seguir imponiendo y respondiendo con estrategias militares a las legítimas demandas de los pueblos indígenas y de los ciudadanos en general. El derecho a la consulta previa, libre e informada es y seguirá siendo nuestra exigencia fundamental?".
*Periodista mexicana radicada en Guatemala, editorialista, integrante de la organización La Cuerda, cofundadora de la Red Centroamericana de Periodistas.
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