El gobierno del estado de Guerrero, encabezado por el perredista Ángel Aguirre Rivero, no ha cumplido con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por la violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acusó que el gobierno estatal incumple la creación de centros comunitarios para la difusión de los Derechos Humanos (DH), el acercamiento de servicios de justicia en las comunidades indígenas, y el castigo administrativo o penal para los funcionarios judiciales que integraron mal las averiguaciones previas del caso.
En entrevista, el abogado de Tlachinollan Santiago Aguirre, mencionó que el martes pasado los representantes legales de Inés y Valentina, defensores de DH y autoridades estatales se reunieron con la finalidad de acordar el proceso de implementación de las sentencias emitidas por la CoIDH en octubre de 2010, pero aclaró que hasta el momento no hay ningún compromiso.
De acuerdo a Aguirre, el estado de Guerrero debe participar directamente en el cumplimiento de tres medidas reparatorias: sanciones administrativas a los funcionarios que realizaron una mala integración de la averiguación previa, la creación de un centro comunitario, y servicios de justicia itinerantes para atender casos de violencia contra mujeres en localidades indígenas.
En las sentencias notificadas el 1 de octubre de 2010, la CoIDH estimó que en ambos casos de violación sexual perpetrados por militares en 2002, era importante implementar reparaciones que tuvieran un alcance comunitario y que permitieran que las víctimas se reintegraran en su espacio y se reestableciera el tejido social.
Es por ello que en las dos sentencias, el tribunal interamericano exhortó al Estado mexicano a facilitar los recursos para que las comunidades tlapanecas de Barranca Tecuani y Ayutla de Los Libres, establecieran centros comunitarios en los cuales haya actividades educativas en DH y derechos de las mujeres.
Durante el litigio ante la CoIDH, los representantes legales de Inés y Valentina solicitaron que el tribunal ordenara la creación de una oficina del Ministerio Público (MP) especializada en la atención a mujeres víctimas de violencia; sin embargo, el Estado mexicano argumentó que ya existía una Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en Guerrero.
No obstante, la CoIDH dijo que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual deben ser proporcionados por el MP a través de la provisión de recursos materiales y humanos, y ordenó impulsar servicios itinerantes de sensibilización y de capacitación en detección y atención a la violencia en las comunidades indígenas de Guerrero.
Otras de las medidas que el tribunal dispuso se refiere a las acciones disciplinarias, administrativas o penales, que de acuerdo con la legislación interna del Estado mexicano se debe imponer a los responsables de las distintas irregularidades procesales e investigativas en ambos casos, acciones que deben realizar las autoridades estatales.
Al respecto, el integrante de Tlachinollan explicó que ninguna medida encaminada a la reparación del daño puede avanzar sin la consulta previa de Inés y Valentina ni de sus representantes legales, porque serían decisiones unilaterales que desestiman las necesidades y prioridades de las víctimas.
Asimismo refirió que en la reunión con autoridades estatales, el gobernador Ángel Aguirre Rivero escuchó las peticiones de los defensores, sin embargo, no fijó fechas ni plazos para cumplir las sentencias que en dos meses cumplirán un año de haber sido notificadas.
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