El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México afirmó en un comunicado, emitido poco después del asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, integrante del Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando, cometido el 10 de mayo enfrente de su casa, que “aunque no se sabe aún quienes fueron los perpetradores directos, constatamos que es la responsabilidad del Gobierno Mexicano, por la negligencia de no brindar las medidas de protección que solicitó la víctima, ante el riesgo que corría su vida, por la fuga del responsable de la muerte de su hija”.
En ese coincide también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde afirma que “hubo incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a los derechos fundamentales de quienes se desempeñan como defensoras y defensores están en situación de riesgo”.
Recuerda el Movimiento que Miriam Rodríguez inició su activismo a partir de la desaparición de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, en 2012 y a quien encontró en una fosa clandestina en 2014, gracias a sus propias investigaciones.
Dice el Movimiento que “ya no queremos gobiernos indolentes, cooptados y corruptos que sacrifican a los ciudadanos por sus perversos intereses” y exige a Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, “que dejen de simular y actúen para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, y si no pueden que renuncien”.
EXIGEN MEDIDAS CAUTELARES
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pide, por tanto, al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, al Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos y al Relator de Ejecuciones Sumarias y Arbitrarias que soliciten al Estado mexicano Medidas Cautelares para proteger a la familia de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.
Dichas medidas cautelares, señala el comunicado del Movimiento –firmado por decenas de organizaciones que integran el Movimiento, organizaciones civiles, instituciones universitarias y personas solidarias- deben aplicarse también a las y los integrantes de la Comunidad Ciudadana de Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, porque corre también riesgo su vida, integridad y seguridad.
En la solicitud de medidas cautelares para familiares y activistas coincidieron también en sendos comunicados: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), CNDH y Amnistía Internacional (AI), mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que ejerció la facultad de atracción del caso para dar acompañamiento y atención a las víctimas indirectas y potenciales.
ONU-DH recuerda “que el deber de protección implica que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber”.
Por tanto, realiza “un enérgico llamado a las autoridades para que brinden las adecuadas medidas de protección a la familia de Rodríguez y a las otras familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, particularmente considerando que dicho Estado encabeza las cifras, según fuentes oficiales, de personas desaparecidas en México”.
Asegura la CEAV en un boletín que su personal está en contacto permanente con los familiares de la víctima, y que las víctimas indirectas se incorporarán ante el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), mientras la Asesoría Jurídica Federal las asistirá durante el proceso penal.
INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Sobre la investigación del crimen, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exige también al Gobierno mexicano “la investigación inmediata e imparcial de este cobarde asesinato, a través de un órgano que garantice imparcialidad e independencia”.
ONU-DH, por su parte, solicita también que el asesinato “sea debidamente investigado con perspectiva de género y no quede en la impunidad”, además de que “resulta impostergable atender los factores estructurales que han colocado a las familias de personas desaparecidas en una grave situación de vulnerabilidad”.
SIMBOLISMO ESCALOFRIANTE
ONU-DH destaca que el asesinato “fue cometido el día de las madres, fecha que en últimos años se ha convertido en un emblema del reclamo de justicia y visibilización de la lucha que llevan a cabo las familias de personas desaparecidas, lo cual le provee de un simbolismo aún más escalofriante”.
La CNDH coincide en el significado del crimen cometido ese día y afirma que ocurre precisamente el día en que se festeja a las madres en México, por lo que la Comisión enfatiza que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender el sensible problema que representan las agresiones contra defensores de derechos humanos.
LLAMADO A MEDIOS Y SERVIDORES
ONU-DH exhorta a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los colectivos de familias del resto de México a que con su solidaridad y cobertura constantes se logre que quienes luchan en Tamaulipas por encontrar a sus familiares tengan la atención y visibilidad que la gravedad de su situación amerita.
La CNDH desataca también la importancia de sensibilizar y profesional a los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia y recordó que el gobierno ha incumplido para realizar campañas a favor de los defensoras y defensores de Derechos Humanos, para destacar la importancia de su trabajo y evitar su criminalización
Amnistía Internacional se sumó asimismo a la condena del asesinato de la activista y señala que el crimen “expone el peligro al que se enfrentan a diario quienes buscan a las más de 30 mil personas desaparecidas en el país”. Y afirma que “México se ha convertido en una zona muy peligrosa para quienes tienen la valentía de dedicar su vida a la búsqueda de las personas desaparecidas”.
17/RED
