Guanajuato ignoró recomendaciones contra feminicidio

En seis meses, el gobierno del estado de Guanajuato no tomó en serio las recomendaciones para detener la violencia contra las mujeres que hizo el Grupo de Trabajo que investigó el feminicidio en la entidad, lo que se evidencia con los cinco asesinatos registrados en lo que va del año.
 
Este sábado 10 de enero se cumplió el plazo de seis meses con el que contaba el gobierno estatal, encabezado por Miguel Márquez Márquez –emanado del Partido Acción Nacional (PAN)–, para cumplir las 13 recomendaciones emitidas en julio pasado y que podrían derivar en una Alerta de Violencia de Género (AVG). 
 
De acuerdo con el Centro Las Libres –organización civil que presentó la solicitud de investigación por violencia feminicida de la que se desprendieron las recomendaciones–, a seis meses de las observaciones no existe un avance sustancial para detener la violencia de género en la entidad.
 
Verónica Cruz, directora de Las Libres, sostuvo en entrevista con Cimacnoticias que el gobierno local no resolvió de fondo las recomendaciones y sigue “sin tomar en serio” la gravedad de la violencia contra las guanajuatenses.
 
Por ello llamó al gobierno federal a actuar en consecuencia y activar la AVG, mecanismo de emergencia ante violencia feminicida en un territorio determinado, estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
 
Para la defensora, la prueba palpable de que las recomendaciones no se cumplieron a cabalidad es que a las mujeres las siguen asesinando; sigue sin aplicarse el protocolo de investigación sobre feminicidio, y las víctimas carecen de acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.
 
Cruz expuso que en 2014 la organización contabilizó (mediante un monitoreo de medios y la labor que realizan) un total de 67 casos de feminicidio, misma tendencia que la registrada en 2013, con un total de 71 casos. En lo que va de este año, de acuerdo con la activista, van cinco casos.
 
Por otro lado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guanajuato registró en 2014 un total de 58 muertes violentas de mujeres, pero sólo reconoció como feminicidio 18 casos (dato que la organización pudo conocer mediante el recurso de transparencia).
 
Para la activista las cifras reflejan, en primer lugar, que “lo que nos motivó a solicitar la declaratoria de AVG sigue vigente, pues el feminicidio, la brutalidad en las formas de asesinar a las mujeres y la no atención a las víctimas siguen vigentes”.
 
“El gobierno no se tomó en serio el problema; si hubiera cumplido de manera completa las 13 recomendaciones debería haberse traducido en la disminución de la violencia y en menos casos de feminicidio, pero no es así”, lamentó.  
 
Al mismo tiempo –resaltó–, las cifras reflejan que el protocolo de investigación por feminicidio no se está aplicando en todos los casos y que la impunidad es una constante.  
 
Una de las 13 recomendaciones mandataba crear una instancia de seguimiento de la violencia feminicida para llevar a cabo mesas de trabajo con las víctimas y organizaciones expertas en el tema, entre otras actividades, para revisar los casos y conocer las medidas de reparación demandadas.
 
A decir de Cruz, la mayoría de los casos reconocidos como feminicidio por la autoridad en 2013 y 2014 continúan sin resolverse, y los padres “siguen cómo hace seis meses, sin saber qué les pasó a sus hijas y quién las asesinó”.  
 
Al advertir que hasta ahora se desconoce cuál es la información que el gobierno local hará llegar al Grupo de Trabajo –integrado por académicas y representantes de gobierno–, Verónica Cruz sostuvo que Guanajuato “hizo su propia interpretación de las recomendaciones”.
 
Puso como ejemplo las reformas legislativas que el Congreso local realizó al vapor a diversas leyes estatales, como el Código Penal, pero que no se apegaron a lo que el Grupo de Trabajo mandató.
 
“Confiamos en que el gobierno federal sea congruente con su compromiso de detener la violencia contra las mujeres y emita una AVG, que hasta el momento representa la mejor herramienta que tenemos para poner en marcha recursos y hacer frente al problema”, sentenció Cruz.
 
Finalmente dijo que Las Libres se reunió el pasado 10 de enero con el Grupo de Trabajo para presentarle el balance de las 13 recomendaciones. Ahí las académicas dijeron que pidieron por escrito al gobierno de Guanajuato que presente su informe final de cumplimiento. 
 
De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de la LGAMVLV, el gobierno estatal cuenta con cinco días para enviar su informe al Grupo de Trabajo.
 
Posteriormente el Grupo de Trabajo, en el tiempo que considere necesario, debe revisar tal informe y emitir un dictamen que será entregado a la Comisión Nacional para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –dependiente de la Secretaría de Gobernación–, para que ésta determine si emite o no la AVG.
 
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