A 34 días del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a particulares, y en donde murieron 48 niñas y niños, sus madres y padres buscarán obtener justicia a través de instancias internacionales. Mientras, activistas se preguntan qué informará el Estado mexicano el próximo año en su informe ante el Comité de los Derechos del Niño.
Al tiempo, el director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, al comparecer ante la Comisión Permanente de Gobernación, Puntos Constitucionales, y Justicia del Congreso de la Unión, entregó, e hizo públicas a través de la página Web del Instituto, las listas de los dueños de las estancias infantiles.
En ellas sobresalen los nombres de familiares de políticos mexicanos de todos los niveles y de los tres institutos políticos con mayor representación en el país: el Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
La discusión de la trágica muerte de 48 menores de edad el 5 de junio pasado finalmente entró al plano político profundo. Primero la disputa y descalificaciones ocurrieron entre el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el gobernador de Sonora, Eduardo Bours; y Daniel Karam. Ahora, muchos nombres más se unen a la lista y las descalificaciones entre partidos.
Y en medio queda la zozobra de las madres de 236 mil niñas y niños que necesitan el apoyo de las guarderías para estar en libertad de salir a su empleo y conseguir el sustento para su hogar.
PARA QUE EL DOLOR NO SE VUELVA RENCOR
En su comparecencia, Daniel Karam se dedicó a evadir señalamientos, indicando que se llevará a cabo la transformación del esquema de asignación y vigilancia de las guarderías; esto «a partir del reconocimiento de las bondades actuales del sistema de guarderías del Instituto».
Aseguró que el IMSS está por concluir la primera etapa de inspecciones en todas las guarderías del país, y que el resultado de estas supervisiones estará abierto al público mediante un esquema de transparencia; se publicarán las constancias en materia de protección civil que se haya realizado en todas las guarderías.
A decir de Karam, esto permitirá contar con un mecanismo de «fomento a la participación de padres y madres de familia» en la vigilancia de las condiciones de seguridad de todos los establecimientos.
SANCIÓN Y REVISIÓN
El diputado perredista Javier González Garza dio lectura a una carta dirigida al presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia (SCJN), y en particular al IMSS, en la que ciudadanos y ciudadanas se solidarizaron con los familiares de las víctimas del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo.
En ella se exige, entre otras cosas, cárcel para las y los culpables del homicidio, e inhabilitación vitalicia para las y los funcionarios involucrados en el incendio, así como la revisión inmediata de la legislación en materia de guarderías, desde una perspectiva que enfatice los aspectos educativo y de seguridad social e impida que éstas sean manejadas como meros negocios.
El documento, firmado por 16 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), está encabezado por el Movimiento 5 de Junio, que es justamente la organización de los padres y madres de familia, y más de 2 mil firmas de distintas personas adherentes.
Mientras esto sucedía en presencia de una comisión de madres y padres de las víctimas, en las afueras del Senado se realizaba una manifestación en donde se reclamó «justicia ejemplar, completa e imparcial, a través de procesos penales transparentes, a todos los culpables del asesinato y de las lesiones a las niñas y los niños» de la guardería.
Se leían carteles que exigían justicia para el caso. Uno, señalaba «Para que el dolor no se vuelva rencor, queremos justicia».
CUENTAS ANTE EL COMITÉ
En entrevista con Cimacnoticias, la maestra Raquel Bárcena, del Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia (CMDI), señaló que el Estado tiene que dar repuesta a los hechos ocurridos en la Guardería ABC. Este será un tema del que tendrá que dar cuentas a el Comité de los Derechos del Niño, «pues no está cumpliendo con los acuerdos firmados en la Convención Internacional para los Derechos de la Infancia, hace ya casi 10 años suscrita por México».
Precisó que cada año hay que entregar un informe en esta materia. México tendrá su turno a inicios del 2010; deberá informar cómo ha cumplido todas las recomendaciones establecidas en la Convención, «por lo que las OSC tendremos que darle seguimiento». Bárcena aseguró que madres y padres de las víctimas están dispuestos a recurrir a instancias internacionales.
Catalina Soto, vocera del Movimiento 5 de Junio, tiene claro que la instancia internacional está abierta, y que una vez que se agoten los recursos legales en México, acudirán a la corte internacional.
Madres y padres «están dispuestos a todo, están con el corazón y el alma dispuestos a llegar al final, quieren que otras niñas y niños y madres y padres no sufran lo que ellos están sufriendo».
La especialista en infancia afirmó que en este caso hay muchos «chivos expiatorios», y hay responsabilidades de funcionarios que estaban en el momento ocupando cargos. «A ésos hay que pedirles cuentas», tal es el caso de la coordinadora de guarderías a nivel federal del IMSS, Carla Rochín Nieto. «Cual fue esa licencia que se dieron para convertir un servicio de dignidad y atención de las y los niños en un negocio de personas pudientes particulares», cuestionó.
ENTREGA IMSS INFORMACIÓN FALSA E IMPRECISA
Entre los muchos nombres del listado presentado ayer por el IMSS, se encuentra el de Martha Lucía Micher Camarena, actualmente directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal(Inmujeres-DF) e integrante del PRD, quien a través de un comunicado denunció que el «listado del IMSS, sobre guarderías subrogadas contiene información falsa e imprecisa».
Detalló que efectivamente, en 1998 se conformó la Asociación Civil «Casa de Apoyo a la Mujer, AC», cuyo objeto era brindar atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia en el estado de Guanajuato. Micher fungió como coordinadora general de la asociación en aquella fecha.
«Por la naturaleza de sus funciones, esta asociación nunca funcionó como guardería o instancia infantil. Fue hasta septiembre de 2003, después mi renuncia, cuando se reformuló el acta constitutiva para darla de alta como guardería».
Involucrarla en esa lista, a decir de Micher Camarena, evidencia la falta de seriedad en la información que proporcionó Karam Toumeh, porque ella aparece como «apoderada legal actual», a pesar de que la información sobre las actas constitutivas en 1998 y 2003, constan en la página del IMSS, en donde además su nombre aparece mal, como Martha Lucía «Ichere» Camarena.
Ante estos hechos, la directora de Inmujeres-DF subrayó que «es preocupante la manera en que se conduce el director del IMSS, al demorar varias semanas la entrega de la información que se supone debería tener actualizada, y además lo hace con información falsa e imprecisa».
Las y los legisladores deberán realizar una revisión exhaustiva de dichos listados, «porque con seguridad no será la única imputación falsa y se dañe moralmente a otras personas, como es mi caso, intentado encubrir a los verdaderos beneficiados del padrón», puntualizó la funcionaria.
Cabe destacar que la entrega de la lista de los dueños de las casi mil 568 guarderías subrogadas en el país es una de las principales exigencias del Movimiento 5 de Junio.
Al respecto, ante la comparecencia del director del IMSS, la presidenta del Instituto de Acceso a la información Pública (IFAI), Jaqueline Peschard, indicó a la agencia Notimex que, de acuerdo con funcionarios del Instituto, no existen listas actualizadas de las guarderías subrogadas. Esa información se encuentra dispersa e incompleta, además de que presenta un importante rezago.
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