ALa reciente revelación de que una de cada tres guatemaltecas en edad fértil (entre los 10 y 49 años de edad) sufre algún tipo de violencia durante el periodo de gestación, acentuó la percepción de que ser mujer en este país tiene un elevado precio.
El fenómeno de la violencia de género -incluida la intrafamiliar- alcanza en Guatemala dimensiones alarmantes, a tal punto que un elevado número de casos tiene como desenlace lo que sectores locales y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) califican de «feminicidio».
Investigaciones avaladas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) refieren que el 33.3 por ciento de las tres millones 346 mil 937 mujeres de Guatemala con posibilidades de procrear padece tres tipos de agresiones: física, verbal y económica.
La primera de las formas de abuso consiste en golpes, empujones y patadas, en tanto la segunda se manifiesta básicamente en humillaciones, insultos y burlas, y la tercera en incumplimiento de manutención por parte de la pareja.
Tales formas de maltrato inciden en la salud de la madre y en la del feto, poniendo en riesgo sus vidas, alerta un estudio, según el cual, «existe una asociación entre violencia y abortos inducidos, espontáneos y el bajo peso que presentan la madre y el bebé».
La consultora de la OPS en Guatemala, Elsy Camey, opinó que «la especie de temor que experimenta la mujer durante el embarazo, cuando es violentada, puede contribuir a complicaciones por respuestas fisiológicas».
El estrés puede propiciar un comportamiento de riesgo, apuntó Camey, al indicar que las probabilidades de morir por complicación en la gestación son 27 veces más peligrosas para las caribeñas y latinoamericanas, que para las nacidas en países desarrollados.
MORTALIDAD, PREJUICIOS Y POBREZA
Pero en un asunto tan importante como la vida de quienes, por añadidura, dan vida, confluyen no sólo limitaciones profesionales y materiales, o falta de voluntad política, sino un clima de prejuicios, inseguridad y violencia generalizado en el país.
La tensión o depresión se refuerzan en las madres solteras, las que según Ronaldo de la Roca, psicólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), suscitan rechazo social por su condición.
De la Roca opina que como norma se crea alrededor de esas mujeres un prejuicio de «mujer fácil y aprovechada», situaciones que deterioran la estima de las madres, y limita sus oportunidades en situaciones laborales, educativas y crediticias.
Por su parte, la experta en temas de género Olga Villalta indicó que a las madres solteras se les acusa de ser responsables de la desintegración familiar, criar hijos problemáticos, drogadictos y pandilleros.
Poco se habla, sin embargo, de sus esfuerzos para que sus vástagos cuenten con alimentos, techo y estudios, aun cuando el Estado las deja a un lado, acentuando el mensaje de que la familia, integrada por mamá, papá e hijos, es el pilar de la sociedad.
Según la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2002, la mortalidad materna ocurre en el periodo pre y postnatal, y afecta en su mayoría a mujeres pobres, con bajo nivel de instrucción educativa y que viven en áreas rurales.
Camey refirió un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sitúa a Guatemala en el cuarto puesto de mortalidad materna de América Latina, debido a que anualmente perecen 153 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos.
En recientes declaraciones hechas aquí, la directora de la OPS, Mirta Roses, consideró inaceptables esas estadísticas y deploró que el país muestre «30 años de atraso» en ese tema respecto al concierto de naciones.
La funcionaria de nacionalidad argentina lamentó que los decesos durante e inmediatamente después del parto tienen aquí «rostro de mujer indígena del área rural, que vive en condiciones de pobreza», con unas 116.6 muertes por cada 100 mil nacidos vivos.
Si bien reconoció «importantes avances y una reducción del 30 por ciento en los indicadores», alertó que «es un fenómeno que sigue teniendo un grave impacto social porque genera más pobreza y subdesarrollo».
En su opinión, la muerte de una mujer es, generalmente, un fenómeno que distorsiona y destruye el sostén familiar. «Difícilmente se puede salir de la pobreza tras la muerte de una madre, que deja a veces hasta ocho hijos solos», acotó.
Datos de la ENSMI agregan que las cinco primeras causas de deceso de mujeres en período de gestación son hemorragia en el parto (53 por ciento), septicemia, falta de oxígeno al bebé (14) e hipertensión inducida por el embarazo (12).
Además, el aborto abarca un 9.5 por ciento de los casos, mientras a otras causas se atribuye el 11.5.
La OMS señala como causas del alto índice de mortalidad el bajo nivel de atención de los partos por personal calificado y la falta de control prenatal, al cual acude el 84 por ciento de las mujeres, mientras sólo un 47 por ciento de estos chequeos lo hacen médicos.
Del resto, un 12 por ciento de los controles son hechos por enfermeras y un 27 por comadronas, según la ENSMI.
De acuerdo con la OPS, en países como Perú, Haití, Bolivia y Guatemala los índices son los más altos y es común que la causa de defunción de una persona ni siquiera se registre o siempre se presente como un paro cardíaco. «Esto es todavía más dramático», advirtió Roses.
LA VIOLENCIA GENERA PROBLEMAS DE SALUD
Aparejado a los problemas de salud, la suerte de la mujer guatemalteca -que representa alrededor del 51 por ciento de los 11.2 millones de habitantes del país- está marcada por un creciente clima de abusos y discriminaciones, dentro y fuera del hogar.
En lo que va de 2005, en esta nación centroamericana han muerto asesinadas 212 féminas, y una primera «teoría» sustentada por los agentes policiales al abordar un crimen es: «Si no le robaron, es porque fue una venganza pasional».
En 2001 fueron registrados en el país 307 asesinatos de mujeres, en 2002, 317; en 2003, 383, y en 2004 la cifra se elevó a 527.
De 1999, cuando la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) inició el conteo de los asesinatos de mujeres, a abril pasado, se han conocido mil 877 casos de feminicidio, rebasando los más de 400 crímenes ocurridos en 10 años en Ciudad Juárez, México.
A tono con esa situación, el jefe de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala (COPREDEH), Frank La Rue, se comprometió recientemente a fortalecer la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres (CONAPREVI).
El incremento de la violencia contra la población femenina, su vulnerabilidad y la impunidad que prevalece en el sistema judicial, han involucrado no sólo a organizaciones feministas, sino también a activistas humanitarios y a la Iglesia católica.
Tanta ha sido la presión que diputadas nacionales promueven iniciativas para que el Estado tipifique como crimen de lesa humanidad el feminicidio y sancionar normativas que se adecuen a los estatutos internacionales firmados por el país.
*El autor es corresponsal de Prensa Latina en Guatemala.
