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Guatemala enfrenta juicio mundial por desaparición forzada de niño

Por la Redacción

Hace 22 años que el paradero de Marco Antonio Molina Theissen es un misterio. Tenía 14 años cuando miembros de la seguridad del Estado de Guatemala lo secuestraron en su propia casa el 6 de octubre de 1981.

Por esos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en San José de Costa Rica, celebró el lunes 26 de abril, la audiencia en donde se acusa, otra vez, a Guatemala por violaciones a los Derechos Humanos de personas menores de edad, reporta un boletín de Casa Alianza.

Uno de los testigos expertos será Axel Mejía, Coordinador del Programa de Búsqueda y Reencuentro de Casa Alianza, institución que coordina actualmente las actividades de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos de Guatemala.

Durante los últimos tres años, los esfuerzos de Casa Alianza y la Comisión Nacional han permitido alrededor de 100 reencuentros familiares. En algunos casos, los niños y niñas fueron adoptados o fueron criados por otras familias en el interior del país.

El Programa de “Búsqueda y Reencuentro” de Casa Alianza, junto a otras organizaciones, trabaja para localizar a los niños que desaparecieron durante la guerra civil en Guatemala y hoy, convertidos en adultos, se preguntan por sus familias.

“Tenemos el papel de testigos del caso Molina. Pretendemos probar que, efectivamente en Guatemala el Estado, como parte de la política contrainsurgente, practicó la desaparición forzada de niños en operativos militares contra la población civil”, indicó Mejía a su llegada a Costa Rica.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que representa a la familia del niño desaparecido, pretende que Guatemala asuma la responsabilidad por lo ocurrido y ofrezca una reparación a las víctimas.

CEJIL ha participado, junto a Casa Alianza, en un sinnúmero de casos frente a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de violaciones a los derechos de la niñez por parte de los Estados de Guatemala, Honduras y Nicaragua.

La desaparición de Marco Antonio ocurrió cuando tres agentes entraron a la casa de su familia. Golpearon y encerraron a su madre para luego llevarse al niño. Días antes, la hermana de Marco había sido arbitrariamente detenida por miembros del Ejército de Guatemala, quienes además la torturaron.

Ella escapó tras permanecer nueve días encerrada. La irrupción ilegal de los tres agentes en la casa y la desaparición del niño fueron represalias.

De acuerdo con estadísticas de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la principal forma de abuso contra los derechos de los niños y niñas durante los 36 años de guerra civil fueron las ejecuciones arbitrarias (43 por ciento), seguido por la tortura (14 por ciento).

“Las personas menores de edad pagaron un alto precio durante los conflictos armados, muchas veces con su vida. El Estado de Guatemala debe hacerle frente a los cargos y responder por los abusos que cometieron sus agentes, como ya lo ha ordenado anteriormente la Corte”, indicó Bruce Harris, Director Regional de Casa Alianza.

El Estado Guatemalteco fue condenado en diciembre de 1999 por el secuestro, tortura y asesinato de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes; así como el asesinato de Anstraum Villagrán Morales. Se trataba de niños de la calle que fueron ejecutados por oficiales de policía.

Fue la primera vez, en los más de 20 años de historia de la Corte Interamericana, donde las víctimas de las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos fueron niños.

2004/BJ/SM

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