La reciente publicación del Reglamento de la Ley de Planificación Familiar ha sido considerada por el movimiento de mujeres un avance significativo en materia de salud reproductiva sin embargo, el Estado de Guatemala presenta grandes retos en materia de fortalecimiento de la institucionalidad, la optimización de los servicios y el enfoque étnico.
Alitza Navas, de la Organización de Mujeres Tierra Viva, dijo a Cerigua que la participación ciudadana y la presión política de las mujeres en las distintas comunidades son elementos clave para elevar el nivel de vigencia de la nueva norma.
Tierra Viva realiza trabajo de organización y capacitación en las comunidades más desprotegidas por el Estado con el objetivo de promover los derechos de las mujeres; hasta el momento se ha logrado mejorar los servicios de salud reproductiva debido a la constante demanda y denuncia de las comunitarias, aseguró Navas.
La entrevistada señaló que es indispensable alentar el funcionamiento de la nueva Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos (CNAA), integrada por la sociedad civil, instancias privadas, la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), entre otras instituciones.
Otro de los problemas graves que enfrenta el sector de salud pública es la escasa identificación de a víctimas sobrevivientes de la violencia sexual y la mínima atención que se les brinda, uno de los temas menos visibles en la agenda de gobierno y la mediática.
Es necesario que la sociedad guatemalteca rechace todo tipo de abuso sexual contra las mujeres y que las autoridades garanticen la asistencia integral de las víctimas, concluyó Navas
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