El pasado 1 de abril, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) de Guerrero detuvieron arbitrariamente durante 10 horas en la Comandancia Regional de esa corporación en Ayutla de los Libres a Juana Hernández Garibay de 45 años de edad; Mercedes Hernández Garibay, de 42 años de edad; Yesenia y María del Socorro Tornez Hernández, de 23 y 27 años de edad; así como a Cristián Alexander Escudero Tornez de 4 años de edad, María Fernanda Carrera de 1 año 11 meses y Perla Rubí Muños Tornez de 1 año dos meses.
Ellas son, respectivamente, madre, tía, dos hermanas y sobrinos de Miguel Ángel Tornez Hernández, detenido y torturado por la misma policía, acusado de su presunta participación en el asalto y asesinato de policías preventivos municipales de Ayutla de los Libres y de un pagador de telégrafos que entregarían recursos del programa Oportunidades en una comunidad me´phaa (tlapaneca).
Ante las detenciones y tortura, la familia de Miguel Ángel exigió al gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, y al procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, su «libertad inmediata» y que se realice una investigación a fondo que dé con los verdaderos culpables de ese crimen, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Asimismo pidieron a las autoridades estatales que garantice su integridad física y las de sus familiares, pues no sólo son hostigados por policías ministeriales, sino que Miguel Ángel fue amenazado por los responsables de ese reprobable crimen.
La acusación contra Miguel Ángel se originó el pasado lunes 31 de marzo, cuando cuatro policías preventivos municipales y un pagador de telégrafos que entregarían recursos del programa Oportunidades fueron asesinados en la zona Me´phaa, en una emboscada. Resultó también herida una empleada del ayuntamiento.
Miguel Ángel fue detenido por los asaltantes y obligado a transportarlos cuando éstos huían, para posteriormente tirarlo a un barranco. Ocurrió mientras él transitaba por ese lugar hacia la comunidad Villa de Guadalupe municipio de Acatepec en la región de la Montaña, en donde le comprarían su camioneta.
DETENCIONES Y TORTURA
A consecuencia de la emboscada, el martes 1 de abril unos 30 agentes de la PIM y policías estatales que realizaban una serie de operaciones en Ayutla llegaron arbitrariamente a la casa de Miguel Ángel y detuvieron a ocho de sus familiares, entre ellos tres menores de edad que permanecieron retenidos de 9 de la mañana a 7 de la noche en la Comandancia Regional de la PIM, relata el Centro de Derechos Humanos.
En ese tiempo, su hermana, Yesenia Tornez Hernández fue golpeada y torturada por policías ministeriales que le preguntaban para que confesara por el paradero de Miguel Ángel.
También la interrogaron sobre la ubicación de los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Cuauhtemoc Ramírez y Obtilia Eugenio Manuel, quienes han denunciado violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y han apoyado en su búsqueda de justicia a las indígenas Me´phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas sexualmente por soldados del Ejército en 2002.
Entrevistada en Ayutla, Yesenia, expresó que tras su detención, fue encerrada en un cuarto de la Comandancia Regional de la PIM en ese municipio y fue torturada por unos cinco agentes ministeriales, indica Tlachinollan.
«Me sentaron en una silla, me amarraron las manos hacía atrás y me agarraron de los pies, luego otro me puso un trapo negro en la cabeza como capucha y encima una bolsa de plástico que apretaban para tratar de ahogarme. Me decían que si quería hablar que moviera la cabeza, mientras me maltrataban me decían groserías, me preguntaban que dónde estaba mi hermano, pero yo les dije que no sabía y de verdad no sabía donde estaba Miguel, pero ellos no hacían caso y seguían apretando la bolsa», detalló.
Con lágrimas en los ojos y con un collarín en el cuello por las lesiones provocadas, Jessica continuó relatando que «como yo no decía lo que ellos querían, uno de ellos me agarró del pelo, lo enredó en su mano y me empezó a jalar la cabeza, hasta que tronó, de ahí no supe más, creo que me desvanecí y desperté por golpes que me dieron en la cara».
Dijo que enseguida la llevaron a la agencia del MP en donde vio a su madre e hija, pero que en el trayecto la seguían torturando sicológicamente «me decían que si no decía nada que me iban a llevar 90 días arraigada la Ciudad de México y que a mi hija (María Fernanda Carrera) me la iban a quitar y la iban a dejar en un orfanato, pero yo insistía que no sabía nada, que no sabía dónde estaba mi hermano… ya más tarde como a las 7 de la noche me hicieron firmar unos papeles y nos dejaron libres con la condición de que si Miguel regresaba les avisáramos, que a él no le iban a hacer como a mí».
Agregó que por la noche su hermano regresó y se presentó ante la Comandancia Regional de la PIM, acompañado de mi tío «porque él es inocente», sin embargo «les dijeron que regresara el miércoles por la mañana y ese día a mi tío le dijeron que fuera a ver si era cierto que uno de los heridos había muerto, pero cuando él regresa, ya a mi hermano lo habían golpeado, le dieron toques eléctricos en el cuerpo, llorando se lo dijo a mi tío; y hoy sigue detenido sin justificación».
Por eso indicó que «exigimos al Gobernador y al Procurador de Justicia, que liberen inmediatamente a mi hermano porque él es inocente, él no hizo nada, nomás lo agarraron para justificar que hay culpables de eso que hicieron los asaltantes allá arriba… queremos que se investigue, para que se diga la verdad y que no se agarre a gente inocente, para quedar bien y los policías queden como héroes», señala Tlachinollan.
También pidió al gobernador que dé garantías a su integridad física, la de su hermano y su familia, pues «las gente mala que obligó a mi hermano a echar las armas a su camioneta y los robado, la amenazo también con matarnos si dice algo, pero pues el ni los conoció porque todos iban encapuchados».
DETENCIONES ILEGALES
Por su parte el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que las detenciones y tortura de la familia de Miguel Ángel son «un acto ilegal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pues al viejo estilo autoritario hay detenciones arbitrarias como método para investigar delitos y fabricando expedientes y culpables».
Agregó: «El caso de Miguel Ángel no es un hecho aislado. Más bien en el gobierno de Zeferino Torreblanca se sigue torturando, como ocurrió con los detenidos del caso Bajos Valverde o del caso Amado Ramírez, sigue habiendo irregularidades en los procesos y detenciones arbitrarias».
De manera infundada, afirmó Rosales Sierra, las autoridades estatales y los cuerpos policíacos intentan vincular a la OPIM, organización que ha denunciado ante foros internacionales graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, y realiza un trabajo en defensa y protección de su territorio y del medio ambiente.
08/GG
