Es evidente que el país sufre la peor crisis política de nuestra historia moderna.
Todos somos responsables del tristemente, célebre espectáculo, de la larga temporada de corrupción: los corruptos, los medios de comunicación, las instituciones, el público, el gobierno, la guerra por la sucesión presidencial, el congreso, los académicos y pensadores, los acusadores… Aunque, quizás, el papel estelar lo tienen los partidos políticos.
Ante la cacofonía de voces mediocres y la terquedad sellada por la evasión de la culpa, sobrevive la obsesión por conquistar el 2006 y cambiar milagrosamente la suerte y, ¡claro!, los colores, del destino inmediato de México. Mientras tanto se cursa el trámite de tres años con el estandarte bien alto de nuestra joven Democracia.
Pareciera ser suficiente razón la la democrática, para desatender el diálogo e incentivar la detonación de ideas que luego se conviertan en propuestas y compromisos.
Sin ánimo pesimista, me cuesta trabajo aceptar la eficacia de formar un Comité de Opinión Pública, como propone (y en verdad se agradece) Enrique Krauze, a través de Letras Libres.
La propuesta en principio abre el debate sobre temas torales y, diría, urgentes. Algo parecido al Grupo San Ángel o su versión política del Grupo Galileo, pero ahora dependiente del Instituto Federal Electoral (IFE) y con patrocinadores de gran alcance económico, para convocar, difundir, proponer y luego encuestar a la sociedad.
Dados a conocer los resultados se «exhortará» al Congreso y al Ejecutivo a actuar en consecuencia.
En esta última parte me asaltan tremendas dudas sobre la respuesta del gobierno y de los legisladores. Hasta algunas de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son olímpicamente ignoradas por gobiernos e instituciones.
Pienso en el asunto y recuerdo, inevitablemente, el fracaso de las gustadas «comisiones» de Salinas y de Zedillo. La del caso Colosio, Posadas, IPAB, la de Chiapas, etcétera.
Las comisiones quitan la responsabilidad de la tarea a quien en verdad le corresponde y, exonera al superior de todo reclamo. Sin afán de ser aguafiestas, y con mi respeto absoluto a la inteligencia y el esfuerzo de Letras Libres, opino que es necesario encontrar un mecanismo que acote la calidad de opción, o que contenga un criterio de mandato social «obligatorio».
En realidad, el debate de los temas nacionales corresponde a los políticos, a los partidos y al Poder Ejecutivo, en la medida que son ellos los que pueden incidir en la aplicación de los resultados.
El problema es que no están haciendo su chamba. Pero son los miembros del Congreso los que deben encuestar a sus «representados» sobre qué hacer con la reforma Fiscal, Energética, Educativa, etcétera.
Tienen que dejar a un lado su mediocridad y mantener un diálogo inteligente y propositivo que redunde en varias opciones y de ellas emane la mejor decisión para todos los mexicanos. Para eso el IFE les da dinero a los partidos.
Esa fue la lucha de muchos años; obtener pluralidad de ideas, independencia, representación legítima y una labor parlamentaria adecuada a las necesidades actuales del país en marcha.
Desde la perspectiva del cambio generado en el 2000, no ha sido posible la discusión al nivel de que hablamos. El entendimiento es nulo, no cuentan los tiempos ni las prioridades.
Ante un estado de transición requerimos un eje integrador, el cuál podría ser un concepto, un mismo espíritu, la meta de un país. Sin embargo, los mexicanos, seguramente, no contamos con la madurez necesaria para confiar en la diversidad de ideologías a favor de un punto de acuerdo.
Seguimos esperando el eje integrador y conductor que nos depare cierta seguridad. Detrás de un líder siempre hay unidad. Lo malo es que ese personaje debe poseer toda la autoridad y el ungimiento presidencial.
Lo peor es que Fox no se resuelve en ese dirigente. Su argumento llega hasta topar con la democracia.
En fin, algo habrá que hacer sin perder más tiempo.
*Periodista y escritora mexicana
2004/BJ
