El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a las libertades fundamentales que se están dando en Honduras luego del golpe de Estado perpetrado el pasado domingo y le pidió medidas de protección para periodistas y activistas a favor de los derechos humanos.
Cejil, organización con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó a la CIDH, integrante del Sistema Interamericano de justicia, que existen actos de persecución contra dirigentes políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y miembros del gabinete del presidente Manuel Zelaya.
Informa también en un comunicado que el vehículo de un comando militar atropelló al sindicalista Roger Ulises Peña el 29 de junio pasado en la afueras de la compañía telefónica Hondutel y le causó lesiones de gravedad.
Más de 100 personas han sido ilegalmente detenidas, algunas de las cuales fueron trasladadas a postas policiales. Muchas de ellas fueron brutalmente golpeadas por el Ejército.
Existen acciones de reclutamiento forzoso de jóvenes y trabajadores ejecutadas por el ejército hondureño en las fincas bananeras San Lorenzo, San Dimas, Cerrito, Sabana Larga, Trojes, Arenal, Limones 6, Cayo, Olanchito, todas ubicadas en los departamento de Yoro y Colón.
En la finca Olanchito está actuando el 15 Batallón y Cejil tiene al menos 5 nombres de jóvenes secuestrados: Melvín Anael Romero, Edwin Noel Mejía, Alexis Nuñez y René Ruiz. El responsable de ese batallón es un Teniente Coronel de apellido Melgar.
Radio Progreso fue cerrada ilegalmente el día 28 de junio y hay acciones de hostigamiento hacia los trabajadores, lo que los obliga a trasmitir desde la clandestinidad.
Fuerzas militares detuvieron arbitrariamente al equipo periodístico de la cadena TeleSur para impedir la transmisión de los enfrentamientos.
A raíz de estos y otras amenazas sufridas por periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y dirigentes políticos, Cejil solicitó a la Comisión Interamericana medidas de protección.
El alto organismo de la OEA otorgó las medidas inicialmente a favor de la Canciller Patricia Rodas, posteriormente amplió su resolución a favor del periodista Edran Amado López, la defensora de derechos humanos, Bertha Cáceres y del diputado del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática, César Ham. Las medidas cautelares se otorgan para que el Estado hondureño les garantice la vida e integridad personal.
Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emplazó al Estado para que presente información sobre la situación de seguridad de otras y otros dirigentes y defensores. El plazo para informar por parte del Estado venció el día de ayer 30 de junio. Según tenemos información el Estado no cumplió con el pedido de la CIDH.
Las medidas cautelares, señala Cejil, son una medida preventiva para evitar daños irreparables y son concedidas por la CIDH ante situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas, sin que sea necesario pronunciarse acerca del mérito del caso.El Estado está obligado a acatarlas.
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