Como la entrega de ayuda humanitaria al pueblo de San Juan Copala se frustró ayer, los organizadores de la caravana Bety Cariño y Jiry Hakkola, buscarán el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización de Naciones Unidas.
Incluso organizarían una nueva caravana integrada sólo con mujeres para tratar de hacer llegar las más de 30 toneladas de víveres que se quedaron resguardadas en el municipio de Huajuapan de León, luego de que el líder de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Rufino Juárez, se valió ayer de mujeres y niños para bloquear el acceso de la segunda caravana hacia San Juan Copala.
Así lo informó Jorge Albino, integrante del municipio autónomo de San Juan Copala, quien, en una conferencia de prensa realizada la noche del martes en Huajuapan de León, leyó un comunicado que señalaba que la presencia de la policía no fue para garantizar la seguridad de los integrantes de la segunda caravana.
«Fue para disuadirnos de entrar y para decirnos que habían escuchado disparos y que lo mejor era no entrar», cuando esas detonaciones son las que se escuchan «diario y durante todo el día en San Juan Copala», manteniendo «asolada a la comunidad».
Reprochó que lo que sucede en la región no le importa a ni al Gobierno Federal ni Estatal y fueron ambos los que dejaron en claro su incapacidad para «controlar y castigar a ese grupo criminal y paramilitar» que pide a los integrantes de la caravana dialogar con ellos.
En la conferencia de prensa, Adrián Ramírez de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDH), evaluó que el operativo, además de «inusual» y con infinidad de policías estatales y de 30 agentes de la AFI, no sirvió para detener al líder de la Ubisort, Rufino Juárez, pero sí trato de aparentar a los medios que se brindaba seguridad a la caravana.
Y es que 300 personas, entre legisladores federales, observadores, medios de comunicación y defensores de derechos humanos salieron del Distrito Federal por la noche del lunes esperando entregar más de 30 toneladas a los habitantes de San Juan Copala, agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca, que en enero del 2007 se declaró municipio autónomo.
Los seis autobuses, vehículos particulares y dos camiones tipo torton llegaron a Huajuapan de León a primera hora del martes y esperaron al contingente que venía de la ciudad de Oaxaca.
Fusionados ambos contingentes, la caravana retomó su viaje después de las 10:30 de la mañana, pero dos horas después, antes de llegar al municipio de Santiago Juxtlahuaca, detuvo su marcha hasta por tres horas, ante la advertencia que autoridades estatales hicieron de la falta de condiciones para ingresar a San Juan Copala.
A las 4:40 de la tarde, unos tres kilómetros antes de llegar a la desviación que conduce con San Juan Copala, en el paraje conocido como El Diamante, los organizadores de la segunda caravana decidieron retornar.
Un grupo de mujeres y niños de la agencia La Sabana, bloqueaban el acceso a Copala, con piedras, mecates y mantas. Fue cerca de ahí donde dos activistas, Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, fueron asesinados el 27 de abril cuando la primera caravana humanitaria fue emboscada.
«Lo que pasó fue una desgracia y no queremos que pase otra vez, no sé a qué vienen, no sé quién los llamó, (los activistas) se murieron porque desobedecieron. Les dijimos que no debían pasar, pero la Ubisort no fue», señala Margarita García López.
Ella, junto con Benita Merino Ramírez, es de las pocas mujeres que hablan con personas ajenas a la población. También refirieron que «como se dice que ocurre en Copala, en La Sabana a veces falta la luz o el agua». Se asumen como desplazadas de San Juan desde febrero pasado.
«El problema se va a acabar hasta que entre la policía, que haya seguridad, nos corrieron de nuestra casa en Copala el 8 de febrero, no podemos estar ahí porque diario hay balaceras», aseguró Benita.
Faustino Vásquez, quien resultó herido cuando las locutoras Teresa y Felicitas fueron asesinadas, dijo creer que la caravana no beneficia en nada a la región triqui, pues lo que se necesita «es una mesa de diálogo con las organizaciones y después los apoyos».
Las organizaciones de la región triqui (MULT, MULTI y UBISORT) controlan la situación de tal forma, que poblados enteros deben pertenecer a una u a otra, generando fronteras que no se reconocen geográficamente pero impiden el libre tránsito a las personas.
Por ejemplo, las 700 personas que habitan la agencia municipal de San Juan Copala, que en enero del 2007 se declaró municipio autónomo, no conviven con quienes habitan en La Sabana, agencia vecina a dos kilómetros de distancia.
Entrevistado durante el bloqueo de la segunda caravana, Rufino Juárez aseguró que su solicitud al legislador Alejandro Encinas es «que convoque a todas las organizaciones y que sea imparcial», en vez de apoyar sólo a una parte, porque no sólo los habitantes de Copala han sufrido, sino toda la gente de la etnia triqui.
Alejandro Encinas, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados Federal, se dijo dispuesto a platicar con todas las organizaciones de la etnia triqui y aceptar un trabajo de mediación que «implica hablar con todos los actores».
Que la caravana no haya podido ingresar a San Juan Copala es visto como un reflejo del vacío de autoridad que impera en la zona triqui.
10/NA/LR
