Inicio Impunidad de 20 años fermentó feminicidio en el Edomex

Impunidad de 20 años fermentó feminicidio en el Edomex

Por Gladis Torres Ruiz

Desde los años 90, cuando comenzaron los primeros registros ciudadanos sobre el feminicidio en el Estado de México (Edomex), la entidad se ha caracterizado por una creciente violencia de género que ninguna autoridad ha sido capaz de poner fin, a pesar de que a diario más de 7 millones de mujeres y niñas ponen en riesgo su integridad al salir a la calle.

En entrevista con Cimacnoticias, Mónica Hurtado, integrante de la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), señaló que el feminicidio en la entidad no es nuevo, ya que se ha presentado de manera recurrente desde hace 10 años.

Advirtió que las políticas gubernamentales habían impedido que el fenómeno saliera a la luz pública, aunque a la fecha las autoridades aún ocultan las cifras de esos crímenes.

La defensora de Derechos Humanos (DH) indicó que la falta de información y de investigación, la negligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) para dar seguimiento a las denuncias y castigar a los responsables, han creado un contexto de impunidad y permisibilidad de la violencia contra las mujeres.

DESCOMPOSICIÓN

En la entidad federativa más poblada del país habitan 7 millones 778 mil 876 mujeres, según la más reciente estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El 52 por ciento de ellas se encuentra en edad reproductiva al tener entre 15 y 29 años.

También hay un número incierto de mujeres migrantes que transitan por el Edomex. De acuerdo con el Cuarto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de los Migrantes en Tránsito por México, esta entidad es una de las tres del país con los niveles más altos de violencia contra esta población.

Las autoridades estatales no cuentan con información precisa de la violencia contra las mujeres y el feminicidio.

La problemática ha sido documentada únicamente por los medios de comunicación, a pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, en su artículo 7 transitorio ordena la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), a través de datos de la PGJEM, ha revelado que en la entidad mexiquense hay alarmantes niveles de violencia de género.

Según el OCNF, entre 2005 y 2010 se registraron 922 homicidios dolosos contra mujeres. En 56.72 por ciento de ellos las autoridades desconocen quién es el homicida.

En los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino), la autoridad conoce la identidad del victimario, es decir sólo en 35.47 por ciento de los crímenes.

Y sin embargo, las autoridades han pretendido reducir el feminicidio al ámbito familiar, acusa el OCNF.

El Edomex está integrado por 125 municipios. Los más poblados concentran el 54 por ciento de los asesinatos de mujeres: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.

Hurtado afirma que el problema se ha extendido de tal manera que a las autoridades se les ha salido de las manos: “Ha crecido tanto que no ha habido forma de evitar (que se sepa la ola de violencia prevaleciente)”.

DESDÉN HACIA LAS MUJERES

La activista asegura que hay en el estado un patrón de discriminación hacia las mujeres por parte de las autoridades, ya que no cuentan con apoyos de ningún tipo, ni existen medidas de protección.

Pone como ejemplo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no hace nada en esta materia, a pesar de que tiene un compromiso internacional de implementar medidas contundentes contra la violencia de género con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Abunda que no hay investigaciones sobre el tema y que apenas hay tres organizaciones civiles especializadas al respecto.

Cabe destacar que en el año 2000 el gobierno estatal creó el Instituto Mexiquense de las Mujeres (IMM) con el fin de encabezar la política gubernamental dirigida a la población femenina.

En 2006 las autoridades desaparecieron el IMM para integrar sus funciones en el Consejo Estatal de la Mujer y el Bienestar Social, con lo que perdió su objetivo inicial y ahora realiza labores asistencialistas para personas de la tercera edad y la infancia, según ha denunciado la diputada federal del PAN por el Edomex Mariela Pérez de Tejada.

A lo anterior se suma que la violencia contra las mexiquenses se da en una entidad que ocupa el lugar 18 en el Índice de Desarrollo Humano, el cual mide la esperanza de vida con calidad, la salud y la educación de la población.

A decir de Mónica Hurtado, la violencia contra las mujeres va de la mano con su nivel socioeconómico. Muchas de ellas son atacadas en sus trayectos a la escuela o el trabajo, o en el regreso a sus hogares. El transporte público es uno de los muchos factores de riesgo, ya que se han registrado violaciones sexuales en taxis y microbuses, detalla la activista.

Las mujeres atacadas son trabajadoras, madres solteras y estudiantes que salen temprano de sus casas, así como las que salen tarde, toda vez que el transporte público se termina temprano (9 de la noche), y si no tienen auto propio o dinero para tomar un taxi el regreso se complica.

MIGAJAS

Ante el reclamo social por la falta de justicia para las víctimas y sus familias, el ex gobernador y ahora candidato presidencial por el PRI, Enrique Peña Nieto, lanzó en 2011 un programa para combatir la violencia de género.

El ex mandatario envió al Congreso local una iniciativa para tipificar el delito de feminicidio, fortalecer las instancias judiciales y dotarlas de “mayor sensibilidad y eficacia gubernamental”, además de impulsar un “cambio cultural” a favor de las mexiquenses.

También creó la subprocuraduría para la Atención de Delitos vinculados a la Violencia de Género, la cual era una demanda de organizaciones civiles desde los años 90.

La respuesta de Peña Nieto ante el feminicidio se dio luego de que el 11 de enero de 2011 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia rechazó iniciar una investigación para eventualmente declarar una Alerta por Violencia de Género (AVG) en el Estado de México.

Las organizaciones de mujeres y de DH se ampararon el 3 de febrero de 2011 contra la resolución del Sistema Nacional, al que acusaron de “partidizar” la votación sobre la AVG “para no perjudicar políticamente a Peña Nieto”.

Los grupos civiles ganaron el amparo el pasado 5 de marzo, por lo que se abre la posibilidad de que se indague el feminicidio en el Edomex y se declare una AVG.

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